Préstamo del FMI: piden que se sume el informe del organismo a la causa penal

El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri por cometer presuntos delitos dentro de ese acuerdo, solicitó que sea incorporado el informe que publicó el Fondo Monetario Internacional(FMI) respecto al préstamo otorgado.

Cabe destacar que el FMI publicó esta semana el informe en el que llevó a cabo una revisión del crédito que le otorgó al país durante la presidencia del líder del PRO, Mauricio Macri. Allí el organismo monetario hizo una autocrítica y señaló los errores cometidos en el acuerdo.

En esta línea, el FMI criticó la política económica de Cambiemos e indicó que no se llevaron adelante medidas para evitar la “fuga de divisas” del desembolso. 

“La estrategia y condiciones del programa no fueron lo suficientemente sólidas para corregir los problemas estructurales de Argentina, como finanzas públicas frágiles, dolarización, alta inflación, políticas monetarias débiles, un limitado sector financiero”, indica el informe del ente multilateral.

Si bien el documento reconoce que el FMI debería haberse involucrado más en la aplicación del programa, también atribuye la responsabilidad a Macri por el fracaso del plan económico.

En este contexto, en Comodoro Py se desarrolla una causa en la que Macri y distintos funcionarios de su gobierno están imputados por “defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos", tras las irregularidades en los procedimientos que se dieron para la concesión.

El detalle de la denuncia

En abril de este año, Picardi había solicitado investigar una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción que se basa en informes del BCRA (Banco Central de la República Argentina) y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación.

Según la investigación, Picardi entiende que el endeudamiento con el FMI se llevó a cabo a través de la violación de distintas normas, además de que las divisas se destinaron “en una gran medida a la salida de capitales especulativos”.

A partir de ello, solicitaron “conocer si existieron vínculos entre los funcionarios y los compradores, y si estos pudieron prevalerse de información privilegiada -y quién la suministró-, para asegurar esas ganancias, que son el espejo del perjuicio que debe afrontar la mayoría del pueblo argentino”.