Formosa cada vez más complicada: piden la intervención de la CIDH

Dos abogados denuncian que hay “desaparición forzada” de personas.
martes, 2 de febrero de 2021 · 11:39

La situación en Formosa es cada vez más complicada. Luego de que el Gobierno enviara al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, a la región para recabar información y evaluar cuál era la situación de los derechos humanos, él concluyó que “no hay delitos de lesa humanidad en la provincia” ni “centros de detención”. Ahora, dos abogados piden la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque consideran que hay “desaparición forzada” de personas.

Se trata de Daniel Suizer y Francisco Oneto, quienes denuncian “los atropellos a los que están siendo sometidos los pueblos originarios de la provincia de Formosa en manos de autoridades” del Gobierno de Gildo Insfrán. Los letrados remitieron una carta a la CIDH en la que describían lo que les sucede a los miembros de comunidades Wichi, Pilagá y Qom en la provincia del noreste argentino. “Cuando personas pertenecientes a pueblos originarios son llevadas a los centros de aislamiento, sus familiares ignoran a dónde los llevan. Esto se debe en gran medida a que el Estado no hace ni siquiera un esfuerzo mínimo para poder comunicar a estas personas, en clara situación de vulnerabilidad, lo que está ocurriendo en su lengua originaria. De esa manera se configura una clara desaparición forzada, pues por un motivo u otro los originarios no saben a dónde están sus familiares”, explican los abogados.

Según informó Infobae, los juristas acudieron a la Comisión porque entienden que se incumple con las directrices que establece la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En este caso, el Gobierno de Formosa privaría entonces de la libertad a una o más personas en un marco de leve o nula información. En ese sentido, los abogados reiteraron: "La mayoría de los miembros de comunidades originarias no hablan idioma español, solo su idioma nativo. Por ende, no existe comunicación con las personas que se llevan a sus hijos, a sus padres, a sus madres, a sus hermanos”.

Por otra parte, indicaron que, como consecuencia de estas medidas sanitarias, los miembros de las comunidades indígenas se trasladan a otros lugares, lo que podría considerarse como desplazamientos forzados, calificados por la CIDH como “una situación de especial vulnerabilidad, que, por sus secuelas destructivas sobre el tejido étnico y cultural, genera un claro riesgo de extinción, cultural o físico, de los pueblos indígenas”.

La persona que presenta una denuncia ante la Comisión debe mostrar que se incumplió con la Convención Americana y, durante la tramitación del caso, la CIDH procura facilitar un acuerdo entre las partes para llegar a una solución amistosa, pero si las partes no llegan a un acuerdo y la Comisión encuentra que se vulneraron los derechos humanos el caso puede ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.