Tras el caso Boudou, Juntos por el Cambio propone no dar beneficios a condenados por corrupción
Presentaron un proyecto de ley en Diputados.
El bloque de diputados de Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para que aquellas personas que se encuentran cumpliendo una condena por corrupción no puedan acceder a los beneficios establecidos por el Código Penal.
La presentación de Juntos por el Cambio se da luego de que el juez federal Daniel Obligado decidió rebajarle diez meses la pena al exvicepresidente Amado Boudou (condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública), por realizar cursos de formación mientras estuvo en prisión.
El impulsor del proyecto de ley fue el legislador Luis Petri, quien explicó que el objetivo es “prohibir los beneficios de salidas transitorias, libertad condicional o rebajas de pena por estímulos educativos a aquellos condenados por delitos de corrupción”.
“Los beneficios por estímulos educativos fueron pensados para otorgar herramientas a quienes cometieron delitos para reintegrarse a la sociedad y no como atajos para aligerar la pena de condenados por corrupción, trampeando la finalidad de la ley”, manifestó el diputado.
De acuerdo con lo que establece el proyecto de Juntos por el Cambio, se busca modificar los artículos correspondientes a los beneficios mencionados para que incluyan un apartado en el que se mencionen los delitos por los cuales un condenado no podrá acceder a estos.
“No podrán acceder a dichas reducciones aquellos condenados por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito de funcionarios”, señala la presentación.
Qué dice el artículo que benefició a Boudou
La Ley 24.660 del Código Penal establece en su artículo 140 el beneficio del “estímulo educativo” por el cual “los plazos requeridos para el avance a través de las distintas fases y períodos de la progresividad del sistema penitenciario se reducirán” en aquellos internos que “completen y aprueben satisfactoriamente total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de posgrado o trayectos de formación profesional o equivalentes”.
Cada uno de los niveles educativos establece una cantidad de meses de beneficio, que van de uno a cuatro meses. Estos pueden ser acumulativos, pero no pueden superar un máximo de 20 meses.
Para el exvicepresidente, sus abogados defensores pidieron que la baja en la condena sea de 20 meses, mientras que la fiscalía decidió aceptar el requerimiento, pero solo por seis. Finalmente, el juez decidió que fuera de diez meses, por lo que ahora la condena de Amado será de cinco años.
