El Gobierno derogó el decreto del Macrismo que permitía deportar inmigrantes
El DNU había sido rechazado por la ONU, Amnistía Internacional y la Corte IDH.
El Gobierno derogó por inconstitucionalidad el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 promulgado por el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que establecía un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a inmigrantes con causas judiciales pendientes con mayor agilidad.
En enero de 2017, el líder de Juntos por el Cambio y su gabinete firmaron el DNU que modificó la Ley de Migraciones, argumentando que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales” y que “la duración de los procesos administrativos y judiciales” era muy larga. También sostenían que el porcentaje de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario aumentó en 2016 hasta el 21,3% de la población carcelaria total y que un 33% de los individuos detenidos por narcotráfico eran inmigrantes.
La norma fue criticada por diversos movimientos y organismos de derechos humanos, que instaron al Gobierno a dar marcha atrás con el DNU porque implicaba un retroceso en los estándares internacionales de derechos migratorios.
En la derogación de hoy, oficializada a través del Decreto 128/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández, señalan que el DNU de Macri modificó “aspectos sustanciales” de la ley 25.871 “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso”. Además, destacan que la normativa no implicó una mejora sustancial, sino que por el contrario implicó perjuicios económicos para el Estado.
El nuevo decreto retoma lo que el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, dependientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalaron en cuanto a la modificación de la ley: que ya había distintas sentencias judiciales que declaraban la inconstitucionalidad de ciertas partes del decreto macrista. Asimismo el texto indica que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Amnistía Internacional se pronunciaron en contra del DNU.
Finalmente, el Gobierno restituyó la normativa que había sido modificada en 2017 y creó una Comisión Asesora de Política Migratoria que tendrá la tarea de "proponer medidas no vinculantes” respecto a la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones.
