Un diputado presentó un proyecto de ley para convertir la garrafa en servicio público
La norma permitiría controlar los precios y uniformar las tarifas en todo el país.
El diputado nacional del bloque socialista, Enrique Estévez, presentó este jueves un proyecto de ley para declarar a las garrafas como servicio público, mientras sostuvo que así los precios serían controlados por el Estado y se lograría una uniformidad de tarifas en todo el país.
Según el legislador santafesino, uno de cada tres hogares argentinos “no tiene acceso al gas de red y la familia debe utilizar garrafa para cocinar y calefaccionarse”. Por eso, Estévez considera que "resulta urgente” sancionar una norma que establezca al Estado como “regulador de las tarifas de las garrafas” para que “los sectores vulnerados no estén a merced de los precios del mercado”.
Si bien el gas licuado de petróleo (GLP) envasado tiene un precio de referencia fijado por el Estado, en la práctica cada empresa impone el precio que quiere, que varía en función del nivel de concentración del negocio. La Secretaría de Energía de la Nación estableció, en abril de este año, un precio de $435 para la garrafa de 10 kilos, sin embargo, en ciertos puntos del país el envase llega a los $1.200.
En ese sentido, el diputado consideró que la ley de declaración de servicio público “implica la posibilidad de que el órgano de control fije las tarifas de toda la cadena en función de los costos y de una rentabilidad razonable y principalmente que los pueda controlar”. “La discusión es simple; al precio de las garrafas o lo fija el Estado o lo siguen haciendo las petroleras", enfatizó el legislador por Santa Fe.
Según Estévez, 4.5 millones de hogares utiliza el GLP, por eso hay que “equiparar esta enorme desigualdad existente entre los sectores que tienen gas de red, que además poseen subsidios, con los sectores de menores recursos que carecen de ese beneficio”.
Proyecto de ley Zonas Frías
El pasado miércoles recibió dictamen favorable el proyecto de ley que reduce las tarifas de gas en provincias que serán catalogadas como zonas frías. La normativa impulsada por el diputado Máximo Kirchner busca sumar a los 849.965 beneficiarios actuales de la Patagonia, la Puna y Malargüe, unos 2.8 millones de usuarios que tendrán descuentos del 30% y otros 374.000 que percibirán una reducción del 50%.
La normativa alcanzará a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), de pensiones no contributivas y jubilados, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares de ciertos municipios de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis y Salta.
