Telefonía, internet y TV: las empresas de telecomunicaciones podrían establecer tarifas sin tope
Un nuevo fallo a favor de Telecentro y DirecTV avala que las compañías establezcan precios más allá de lo permitido por el Enacom.
Luego de que la empresa Telecom del Grupo Clarín interpusiera una medida cautelar contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 que declaró a las telecomunicaciones servicios públicos esenciales y estratégicos, el Poder Judicial volvió a fallar a favor de las compañías y erosionó la intervención del Estado en el establecimiento de las tarifas.
La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal admitió la medida cautelar presentada de manera conjunta por las empresas Telecentro y DirecTV para que el Gobierno no pueda intervenir en el mercado de la comunicación. De esta manera, las empresas privadas podrán establecer sus precios más allá de lo permitido por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
El organismo nacional que regula las telecomunicaciones anunció que elevará un recurso de queja para llevar la discusión a la Corte Suprema. Según el Enacom, el conflicto desobedece lo que establece el DNU, que tiene carácter de ley, y afecta un servicio necesario para todos los argentinos.
“Daños irreparables a la economía de la empresa”, sostienen como argumento las compañías de telecomunicaciones. Sin embargo, el Enacom demostró que la medida no perjudica económicamente a las firmas. “Seguiremos adelante hasta las últimas consecuencias”, afirmó a Tiempo Argentino el vicepresidente del ente, Gustavo López.
Servicios públicos esenciales
El año pasado, el Gobierno estableció a través del DNU 690/20 como servicios públicos esenciales a la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, y creó la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU), que regula las tarifas de cada uno de esos servicios.
El decreto tiene por objetivo “garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas, lo cual requirió de la fijación de reglas por parte del Estado para asegurar un uso equitativo, justo y a precios razonables con el fin de beneficiar el interés público, ofreciendo al usuario y usuaria mayor variedad de servicios a precios más bajos, sin que ello sea en detrimento del principio de competencia; por lo que se procuró generar eficiencia y rentabilidad económica para las empresas prestadoras”.
Sin embargo, las compañías desobedecieron reiteradas veces los aumentos fijados por Enacom, que les dio la oportunidad de subir un poco más los precios a cambio de devolver los montos indebidos, pero las empresas hicieron nuevamente caso omiso.
