Mauricio Macri y Patricia Bullrich fueron imputados por el envío de armamento a Bolivia
Los primeros delitos por los que se los investiga es por fraude en la aduana.
El fiscal, Claudio Navas Rial, impulsó hace instantes la investigación contra el expresidente, Mauricio Macri y sus exministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Oscar Aguad, tras la denuncia presentada por el Gobierno nacional por el presunto envío de “material bélico” a Bolivia en noviembre de 2019, para colaborar con el golpe de Estado que determinó la destitución del expresidente, Evo Morales.
Así lo confirmó Navas Rial en un documento escrito en el que se instruye la investigación a realizar y donde se especifica que la administración del líder de Cambiemos “contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un gobierno de facto”.
Asimismo, el fiscal solicitó en su comunicado las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes al Gobierno argentino y los datos obtenidos desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, así como las pruebas salientes de la primera denuncia por la que se inició la causa desde el Gobierno de Bolivia.
En consecuencia, el fiscal circunscribió su requerimiento a delitos vinculados con lo aduanero y quedará en manos del juez en lo penal económico, Javier López Biscayart. En paralelo, avanza otra causa por los mismos hechos contra la administración de Macri que fue presentada por el excamarista, Eduardo Freiler. Ante los hechos, se adelantó que los expedientes se van a unificar, aunque no se determinó en qué juzgado.
Qué señala la denuncia del Gobierno nacional
Los señalamientos contra la administración de Cambiemos detallan minuciosamente no solo el cargamento enviado, sino la presunta operación realizada a través de un avión de la fuerza aérea y señala que además de Macri, Bullrich y el exministro de Defensa, Oscar Aguad, deberán responder ante la justicia el excanciller, Jorge Faurie; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector General de Aduanas, Diego Jorge Dávila; el exdirector de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Eugenio Cozzi; el entonces jefe de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero; Rubén Carlos Yavorski, Comandante Mayor Director de Logística y Carlos Miguel Recalde, Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería.
La causa implica a todos los nombrados por “un hecho delictivo que consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declaradas en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero” y se señala el envío de 70.000 cartuchos antidisturbios, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano, detalla el documento.
