Otra polémica con Victoria Donda: nombraron a su marido en un alto cargo de la Cancillería
Según aseguran, se formó en una rama no relacionada con el ámbito diplomático.
La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, se ve envuelta en una nueva polémica tras la designación de su marido, Federico Diberto, en un alto cargo de la Cancillería argentina.
La contratación de la pareja de la funcionaria en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto fue oficializada este jueves en el Boletín Oficial.
Según la publicación, Diberto fue designado vocal de la comisión Cascos Blancos, un organismo dependiente del área que comanda Felipe Solá que se dedica a la asistencia humanitaria en todo el mundo.
El documento del boletín oficial lleva las firmas del jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero y del canciller argentino. De acuerdo a lo que reveló TN, su sueldo podría ser “no menor” a los 100 mil pesos.
Según el Boletín Oficial, “el gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a las partidas específicas del presupuesto” de la Cancillería.
La designación del marido de Victoria Donda generó revuelo, ya que según este medio no tiene formación diplomática: cuenta con un título en biotecnología de la Universidad Nacional de Morón y una especialización como técnico farmacéutico.
El escándalo con su exempleada y su abogado
En los últimos meses, Victoria Donda fue el foco de varias polémicas. Una de ellas comenzó cuando Arminda Banda Oxa, quien trabajaba en su casa, la denunció por no pagarle aportes previsionales.
Además, el abogado de la mujer aseguró que, para evitar que la acuse frente a la Justicia, le quiso ofrecer un plan social o una contratación por un cargo en el INADI.
Donde también fue apuntada por otra designación irregular en el organismo que comanda: la de su propio abogado, Emiliano Montini, como director de Asuntos Jurídicos.
Además de su cercanía, este contrato fue investigado, ya que se sospechaba que podría vulnerar el Código de Ética de la Función Pública: el letrado está al mando de un amparo que la funcionaria hizo contra el Ministerio de Seguridad de la Nación, es decir, el propio Estado para el cual ahora trabaja.
