Causa AMIA: la fiscalía pide sobreseer a 12 imputados por el atentado y los familiares se oponen
El abogado de “Memoria Activa” rechazó la pretensión y presentó un escrito.
Más de 27 años pasaron del ataque a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la causa continúa estancada en la Justicia. En esta ocasión, el titular de la UFI-AMIA, Sebastián Basso, pidió el sobreseimiento de 12 imputados.
De esta manera, solicitó a la actual jueza que subroga el Juzgado Federal 6, María Eugenia Capuchetti, que dicte el sobreseimiento de investigados en la llamada “pista siria”, clave en el atentado de 1994.
En este sentido, de acuerdo con el dictamen citado por la agencia de noticias Télam, Basso indicó que “tras una extensa investigación, no se han logrado colectar elementos de prueba que nos permitan sostener que Alberto Jacinto Kanoore Edul y/o Víctor José Chabán hayan participado, colaborado o contribuido de alguna manera, en la comisión del atentado a la sede de la AMIA”.
Asimismo, también lo pidió para los acusados vinculados con el volquete dejado en la puerta de Pasteur 633 y en la relativa a una concesionaria que tenía relación con Carlos Telleldín, el último propietario de la Traffic.
Al respecto, Basso afirmó que “no se acreditó que los imputados hayan realizado alguna actividad con la camioneta luego de su entrega a Carlos Alberto Telleldín”. Además, agregó: “Como se viene analizando hasta el momento, existía un vínculo comercial de la agencia con Carlos Alberto Telleldín, quien adquirió distintos vehículos en ese lugar, entre los que se encontraba la camioneta de interés en esta investigación”.
Por último, sobre el volquete, el dictamen del fiscal señaló que “no pudo acreditarse que formara parte del plan criminal” y “tampoco se detectó alguna irregularidad en el uso y destino del material explosivo, ni puede afirmarse que el material detonante por ellos adquirido haya sido utilizado para la voladura de la AMIA”.
El rechazo de las víctimas
El abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda, se opuso a los pedidos de sobreseimiento y argumentó que “existe una enorme cantidad de documentación desclasificada que aún resta ser analizada en forma adecuada”.
A su vez, cuestionó el escrito presentado y aclaró que “la voluminosidad de un legajo no indica, necesariamente, la existencia de una investigación judicial exhaustiva y eficaz”.
