Macri, más complicado: la Oficina Anticorrupción lo denunció por lavado, evasión y DDJJ truchas
Encontraron más pruebas que amplían la causa contra el expresidente de la Nación.
El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, suma una nueva acusación. Esta vez, la Oficina Anticorrupción (OA) amplió una denuncia ya existente en la que se lo investiga por 54 millones de pesos que no declaró, por lo que pidieron que sea citado a indagatoria.
En este sentido, la información publicada por el periodista Ari Lijalad en El Destape revela que el organismo que conduce Félix Crous incorporó en la causa declaraciones juradas maliciosas que indican lavado de dinero y evasión por parte del líder del PRO.
Vale recordar que la Inspección General de Justicia (IGJ) instó a que se declare nulo el fideicomiso ciego donde Macri destinó parte de su patrimonio por irregularidades. Allí se identificaron transferencias ilegales por más de 54 millones de pesos cuando era presidente hacia una sociedad en la que su esposa, Juliana Awada, tenía acciones.
La ampliación de la OA
En primer lugar, la OA rectificó la información que sostenía que los dividendos estaban en poder de Macri desde 2016 pero, al parecer, no era así y los tenía desde 2013. Además, consignó que era propietario del 14,7% de Agro G mientras que, en realidad, su participación era del 44,16%.
Por otro lado, la sociedad donde era accionista Awada, Latin Bio, y su presunto testaferro, Alejandro Peña Braun, sería del propio exjefe de Estado y no de su esposa.
Asimismo, Macri rescindió el contrato de su fideicomiso ciego el 11 de diciembre de 2019. Sí, un día después de dejar el Gobierno, por lo que resulta sospechoso que haya anticipado la decisión cuando todavía tenía varios meses de vigencia.
A su vez, como data de 2013 cuando era el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, vincularon los beneficios impositivos que le dio a un edificio donde adquirió diferentes departamentos a un precio menor a su valor de mercado, una acción que podría encubrir un lavado de dinero.
Por último, como toda la información reafirma la hipótesis de presuntos delitos, se remitieron los datos a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
