Política
El Gobierno sancionó a una petrolera, por realizar actividades ilegales en Malvinas
Así lo informaron el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, y el de Energía, Darío Martínez.
El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, y el secretario de Energía Darío Martínez anunciaron, a través de una resolución, la sanción a la empresa de exploración y explotación de hidrocarburos Navitas Petrolem LP. Esta realizaba actividades comerciales en la plataforma continental argentina, que se llevaban a cabo con licencias de las autoridades de las Islas Malvinas.
Las actividades comerciales dentro del proyecto Sea Lion de las empresas Harbour Energy Plc y Navitas Petroleum LP fueron inhabilitadas por la Secretaría de Malvinas, órgano de la Cancillería Argentina. Asimismo, la Secretaría de Energía fue la que determinó que las actividades en el territorio eran ilegales.
A partir de ello, se declaró que la actividad en las Islas Malvinas era clandestina y se inhabilitó por 20 años que la empresa pueda desarrollar proyectos en el país.
Cabe destacar que la Ley 26.659 establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. A su vez, contempla la obligatoriedad de presentar permisos previos. De lo contrario, se deberá sancionar su incumplimiento con la inhabilitación por un período de entre 5 a 20 años, por realizar actividades ilegales.
Por otro lado, se prohíbe “tener participación directa o indirecta en personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por la autoridad competente argentina o que presten servicios para dichos desarrollos”.
El contexto de la resolución
Previo a la resolución que sanciona a la empresa Navitas Petrolem LP, por sus actividades en la plataforma continental argentina en Malvinas, el Gobierno nacional había enviado advertencias a las empresas. En estas se les comentaba la situación y se les informaba sobre las disposiciones de las leyes nacionales.
En este sentido, al no contar con autorización previa se les solicitaba abstenerse de financiar o participar en aquellas actividades. Caso contrario, se les aclaraban las acciones legales administrativas y judiciales correspondientes que se podían llevar adelante, con base en la normativa del país.
