Extenderán el programa Precios Justos hasta fin de este año 2023

En consonancia con lo esperado tras las elecciones generales del pasado 22 de octubre, el Gobierno logró extender, con casi las mismas condiciones, Precios Justos. Tras el triunfo de Sergio Massa, las negociaciones se aceleraron, puesto que el vencimiento preestablecido en el acuerdo anterior sería la próxima semana. La renovación sería por  60 días, hacia el final de este año 2023.

A través del Decreto 551/2023 publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Ejecutivo prorrogó Precios Justos hasta el 31 de diciembre. Si bien resta la confirmación oficial, se estima que las compañías integrantes del programa de valores podrían aumentar los precios no más de un 5 %, el mismo porcentaje que tenía el trato que vence a fines de este mes. En el texto, la extensión se fundamenta por “la persistencia de los acontecimientos económicos-financieros que afronta el país”.

Por otro lado, la continuidad de Precios Justos hará que las empresas que suscriban acuerdos de precios continúen beneficiándose de los incentivos que el Gobierno ha establecido en la edición anterior y que incentivan de alguna manera a las compañías a no salir del mismo. Dentro de estos se encuentran, por ejemplo, la posibilidad de acceder a un régimen especial de facilidades de pago para el pago de derechos de exportación.

Cuáles son los beneficios de las empresas que continuarán como parte de Precios Justos

A partir de la extensión del sistema de carácter nacional, el Ejecutivo busca que las 340 empresas que están hasta el 30 de octubre o el segundo vencimiento del 15 de noviembre renueven su participación. Estas mismas, a su vez, otorgan alrededor de 52.300 productos de rubros de consumo masivo, insumos difundidos, combustibles, medicamentos, calzado, indumentaria, línea blanca, motos, electrodomésticos y celulares y cadenas de supermercados y mayoristas. 

De manera concreta, todas aquellas que expresen su adhesión a Precios Justos gozarán de la suspensión del pago de cargas que pudieran recaer sobre la compra de billetes y divisas en moneda extranjera para la importación de una serie de mercaderías, la reducción al 0 % de la alícuota del derecho de exportación para algunos productos y la prórroga de los vencimientos para el pago de los adelantos de los impuestos y de las obligaciones de la seguridad social que disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).