Ley de alquileres

El gobierno suspenderá la ley de alquileres vigente desde 2020

La decisión de terminar con la actual ley que rige los contratos de alquiler ya está tomada y el gobierno estudia por estas horas, una alternativa que la reemplace. La Norma terminó siendo perjudicial para inquilinos y propietarios.
martes, 4 de abril de 2023 · 22:14

El presidente, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Sergio Massa, analizaron la posibilidad de terminar con la ley que regula el mercado de alquileres desde 2020, y que el Congreso no logró modificar, a pesar de varios intentos. Desde su promulgación, la ley de alquileres encontró resistencia, ya que “afectó severamente al mercado inmobiliario”.

Al momento de su discusión en el Congreso, la ley de alquileres consiguió un amplio consenso legislativo, y fue aprobada en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque la sanción en el Senado llegó en junio de 2020, durante la presidencia de Alberto Fernández.

La actual ley que rige los contratos de alquiler rige desde 2020. Fuente: (LMNeuquén).

Los cambios más importantes que provocó la actual ley de alquileres en el mercado fueron: la extensión en la duración de los contratos de dos a tres años, y la actualización anual del valor de la locación, de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación que fija de manera mensual el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Uno de los primeros efectos negativos que provocó la norma fue la incertidumbre de los propietarios, que subieron los valores de las locaciones para los nuevos contratos, por encima de la inflación, y un tiempo después, cayeron los ofrecimientos de alquileres y a precios más altos. Desde la entrada en vigencia de la normativa, se presentaron alrededor de 30 proyectos legislativos para modificarla o pidiendo la derogación, pero “ninguno logró avanzar”.

Desde la promulgación de la actual ley, cayeron los ofrecimientos de alquileres. Fuente: (LMNeuquén).

Una de las propuestas logró, el año pasado, dictamen de mayoría en el Congreso, pero no altera el plazo mínimo de tres años ni el ajuste anual, que son, en definitiva, los puntos más resistidos. La opinión de la oposición es que los puntos centrales a modificar son, volver al plazo de dos años para los contratos y ajustar de manera semestral con acuerdos privados entre las partes.

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