El Gobierno reglamentó la ley de cannabis: en qué rubros se podrán producir y qué licencias tendrán

Finalmente, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó el decreto que reglamenta la ley 27.669 para la producción industrial de cannabis. Desde el próximo lunes 7 de agosto, cuando se publique el Boletín Oficial, el Gobierno se encontrará en condiciones de otorgar las licencias necesarias para la puesta en marcha del nuevo sector y con el que espera continuar impulsando la economía.

La ley fue sancionada en mayo del 2022, hace más de un año, y tiene como objetivo establecer la cadena tanto de producción como de comercialización local o con fines de exportación de la planta, sus semillas y sus productos derivados para el área medicinal. También se incluye la investigación científica y el uso industrial. Desde el área gubernamental, consideran que es “el resultado del consenso legislativo”, tras la presentación de la iniciativa por parte del Gobierno nacional.

El Gobierno espera generar alrededor de 10 mil puestos de trabajo en los primeros años de la reglamentación, debido a que se estima que la planta posee una demanda de seis millones de usuarios pura y exclusivamente para su uso medicinal. La idea sería entregar 80 licencias antes de fin de año a través de la Ventanilla Única de la Agencia Regulatoria del Cannabis (ARICCAME), que se encuentra en funcionamiento desde enero de este mismo año.

La Corte Suprema de Justicia deberá tratar la demanda del Gobierno contra Jujuy

El pasado viernes, el procurador general interino, Eduardo Casal, resolvió que finalmente le corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tramitar el planteo judicial del Gobierno nacional contra la provincia de Jujuy, en el marco de las represiones y las manifestaciones por la reforma constitucional del distrito, impulsada por el gobernador Gerardo Morales, hoy precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta dentro de Juntos por el Cambio.

Según Casal, es un tema de su competencia originaria por tratarse de una demanda del ámbito estatal de carácter nacional contra una provincia del interior del país. Concretamente, desde el sector gubernamental piden que se declaren inconstitucionales varios artículos de la nueva constitución aprobada en Jujuy, con el argumento de que violan “el orden institucional” y “derechos y garantías” consagrados en la Constitución Nacional.