Qué son las hipotecas divisibles que reemplazarán el Plan Procrear

El Gobierno formalizó la disolución del Plan Procrear, el cual ofrecía a las familias acceso a créditos hipotecarios para la compra de viviendas en predios específicos donde el Poder Ejecutivo construía casas.

El cierre del programa se dio a conocer mediante el Decreto 1017/2024, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. El documento detalla que, en reemplazo del Plan Procrear, se implementarán las hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios.

Dado que por medio del Plan Procrear se facilitaba el acceso a créditos para la compra de vivienda, las hipotecas divisibles le permitirán a cada comprador asumir una deuda individualmente al momento de adquirir una unidad de un desarrollo inmobiliario.

La decisión se sustenta en que “el crédito hipotecario constituye un instrumento fundamental para el acceso a la vivienda, para el desarrollo de la inversión privada y para impulsar la reactivación económica y productiva en el territorio nacional”.

De esta manera, las hipotecas divisibles son una modalidad que permite subdividir una hipoteca en varias partes, cada una asignada a una unidad funcional específica dentro de un proyecto inmobiliario.

Esto significa que los desarrolladores podrán hipotecar una propiedad antes de la subdivisión definitiva, lo que a su vez facilita el acceso a financiación, tanto para la construcción de nuevos desarrollos como para la adquisición de unidades aún en construcción, comúnmente conocidas como “compra en pozo”.

Con esta iniciativa, el Gobierno espera que se genere un aumento en la oferta de inmuebles y una reducción del déficit habitacional en Argentina, ya que, además, los futuros propietarios podrán adquirir viviendas en construcción bajo condiciones financieras similares a las de propiedades terminadas.

Por qué se disolvió el Plan Procrear

De acuerdo con el decreto del Gobierno, “la financiación de la construcción de viviendas es una actividad propia y principal de los bancos comerciales, privados y públicos, por lo que no se justifica la intervención del Estado en esa materia”.

Asimismo, consideró que la iniciativa afecta las cuentas públicas, y que tiene además dificultades en su fiscalización. Además señala que  “no ha sido transparente, ni ágil, ni eficiente en la atención del bien común”, por lo que resuelve disolver el programa creado en 2012 bajo la gestión de Cristina Kirchner.