SERGIO URRIBARRI
Detuvieron a Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos
La Cámara de Casación ordenó que sea trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná.
La Cámara de Casación Penal de Paraná dictó la prisión preventiva para el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. El organismo había ordenado su detención, lo que se concretó este mediodía.
El exmandatario fue condenado en 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cinco causas por corrupción. Tras su detención, Sergio Urribarri será trasladado a la Unidad Penal 1 de Paraná.
El fallo contra Sergio Urribarri, quien en 2020 había sido nombrado embajador en Israel por el gobierno de Alberto Fernández y tuvo que renunciar a raíz de una primera sentencia en su contra, fue firmado este martes en forma unánime por las vocales de la Cámara, Marcela Davite, Marcela Badano y María Evangelina Bruzzo.
La justicia provincial consideró que el exfuncionario usó de forma ilegal fondos públicos para, en algunos casos, financiar sus campañas electorales a través de contratos de imprenta y publicidad, entre otras maniobras.
El exgobernador residía en Concordia y ahí fue buscado por el personal policial que lo detuvo. El abogado defensor, Leopoldo Cappa adelantó que apelarán la decisión de Casación, aunque aclaró que este recurso “no suspende” la detención.
El exmandatario había sido condenado en primera instancia el 7 de abril de 2022, sentencia confirmada por Casación de Entre Ríos en 2023. La fiscalía pidió la detención cuando el Superior Tribunal provincial rechazó un recurso extraordinario local, pero en un primer momento la Cámara había rechazado la solicitud.
A partir de ese momento, la fiscalía recurrió entonces a esa decisión y este jueves finalmente, se ordenó su captura. La orden fue comunicada al jefe de la Policía de Entre Ríos.
Por qué detuvieron a Sergio Urribarri
La detención se relaciona con la causa en la que se acusa al exgobernador de haber utilizado ilegalmente fondos públicos para financiar campañas electorales durante su mandato entre 2007 y 2015.
Entre los hechos de corrupción investigados se encuentran la utilización de contratos de imprenta y publicidad para desviar fondos públicos. De esta manera, enfrenta condenas por peculado y negociaciones incompatibles con el cargo.
