UOCRA se moviliza a la Secretaría de Trabajo en rechazo de 50 mil despidos

La UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), manifestó su profunda preocupación por el plan de ajuste que implementa el Gobierno, lo cual incluye la suspensión de obras en todo el país.

Desde la organización, se declararon en estado de alerta y asamblea permanente, ante la crítica situación que atraviesa la industria de la construcción. En ese marco, la UOCRA realiza este jueves una movilización a la Secretaría de Trabajo.

La UOCRA que lidera Gerardo Martínez, denunció que “en los últimos dos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos, como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución”.

Asimismo, señalan que no hay un interlocutor por parte del Gobierno que dé respuesta a sus denuncias. “Las obras nacionales se frenaron y no tenemos con quién hablar”.

En ese marco, también alertaron por la "caída abrupta y generalizada de la actividad económica", lo que también ha llevado al estancamiento de la negociación paritaria en el sector.

"La situación se agrava en nuestra industria por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo, ante una inflación sostenida que castiga particularmente a nuestros trabajadores y trabajadoras sin que tengan otras herramientas para enfrentar tan crítica coyuntura que no sea la suba de sus ingresos", indicaron en un comunicado.

Además, señalaron que tras los planes del Gobierno de privatizar la obra pública, "La obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública".

La UOCRA criticó al Gobierno por no convocar al diálogo

En medio de la incertidumbre que atraviesa el sector que se agrava con la creciente inflación, desde el sindicato lanzaron fuertes críticas al Gobierno por no mantener el diálogo ni dar respuestas a los miles de trabajadores que hoy pagan las consecuencias del ajuste.

"Es inaceptable que el Gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país".