El Gobierno acepta cambios en la Ley ómnibus para que no fracase en el Congreso

El Gobierno continúa en negociaciones con representantes de la oposición dialoguista para enviar la Ley ómnibus a finales de este mes al Congreso, donde volverá a ser debatida.

El Ejecutivo ha tenido que ceder en varios de los artículos del proyecto, con el objetivo de que la Ley ómnibus no tenga el mismo desenlace que en febrero, donde ante el rechazo de los legisladores el Gobierno decidió retirarla.

En ese marco, el Gobierno estaría dispuesto a incluir dentro de la renovada Ley ómnibus los puntos de la reforma laboral de la UCR que tengan mayor consenso, aunque haya aspectos que luego puedan generar dificultades con los sindicatos.

También estaría dispuesto a incluir la actualización trimestral o anual del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, que en adelante se pasaría a llamar Ingresos Personales.

La oposición dialoguista además logró que se incluya en el borrador una serie de organismos públicos que no pueden ser disueltos o intervenidos, como los que pertenecen a la órbita del Poder Judicial, al Poder Legislativo, el Conicet y el INTA.

Los cambios que planteen los diputados dialoguistas se suman a los reclamos de los gobernadores, quienes también exigen la reactivación de obras públicas. A razón de ello, el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien ha liderado las negociaciones, viajará a varias provincias para discutir el tema.

A lo que apunta el Gobierno es que el proyecto, antes de llegar al Congreso, cuente con el mayor apoyo posible, ya que busca que durante la votación la Ley de Bases sea aprobada con amplia mayoría.

Cuándo se enviará el proyecto

Si bien las negociaciones del proyecto se han dilatado más de lo esperado, el Gobierno planea que llegue a la Cámara de Diputados la próxima semana para que sea tratado en comisiones y posteriormente pase a recinto antes de terminar abril.

Hasta ahora, el proyecto tiene más de 180 páginas, 279 artículos y contiene las privatizaciones, las desregulaciones económicas y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). También incluye la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y la delegación de facultades especiales al Ejecutivo.