El Gobierno reglamentó la primera parte de la Ley Bases: qué cambia

A través del Decreto 695 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó los primeros capítulos de la Ley de Bases, la cual fue aprobada por el Congreso a finales de junio.

En total el oficialismo reglamentó unos 60 artículos del proyecto, lo cual incluye la reorganización de la administración centralizada y descentralizada del Estado, las privatizaciones, como así también en reformas del empleo público, según lo aprobado en la Ley de Bases.

De esta manera, el Poder Ejecutivo avanza con el paquete de reformas impuestos en la Ley de Bases, que serán clave para la administración libertaria, las cuales impulsa desde el inicio de su gestión.

Esta reglamentación le permite al Gobierno modificar, eliminar, reorganizar, fusionar e incluso transferir a las provincias el manejo de organismos descentralizados. También modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios; aunque queda exceptuado el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

En cuanto a las privatizaciones, se dio a conocer el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas: Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

De esta manera, se estableció que “el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización”.

Además con el decreto se puso en marcha un nuevo sistema de ingreso al Estado y así avanzar con las desvinculaciones, despidos y reubicación del personal estatal. En ese sentido, para tener empleo público, se deberá aprobar una “Evaluación General de conocimientos y competencias, diseñada y reglamentada a tal efecto por la Autoridad de Aplicación, la que será anónima”.

Qué es el silencio administrativo

El decreto que reglamenta la primera parte del proyecto, también introduce el concepto de "silencio administrativo con sentido positivo”. Esto significa que la Jefatura de Gabinetes tiene un plazo de 15 días desde la entrada en vigencia del documento para aprobar el cronograma de implementación de este mecanismo. 

Este concepto implica que, en el marco de procedimientos administrativos que requieren una autorización administrativa, si no hay respuesta en el tiempo estipulado, se considerará aprobada la solicitud.