Quiénes dejarán de cobrar la pensión por invalidez tras la auditoría del Gobierno

El Ministerio de Salud de la Nación inició una auditoría masiva sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), con el objetivo de verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos por la ley. 

Como parte de este proceso, ayer se enviaron 300.000 cartas documento a beneficiarios de las pensiones por invalidez de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe. La revisión alcanzará más de un millón de casos en todo el país. Se espera que haya un ahorro de 900.000 millones de pesos en el transcurso del año. 

Los beneficiarios recibirán una citación para presentarse a una evaluación médica con un profesional de PAMI, donde deberán presentar la documentación correspondiente y someterse a un examen clínico. Luego, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) analizará cada caso y definirá si la persona sigue reuniendo los requisitos para recibir la pensión por invalidez.  

La asistencia a la evaluación será obligatoria. Quienes no se presenten podrán ver suspendido su beneficio. Sin embargo, aquellos que no puedan asistir por razones justificadas deberán informar su situación con 24 horas de anticipación a través de un correo electrónico o del chatbot oficial de WhatsApp, adjuntando la documentación respaldatoria y una copia del DNI. 

El Gobierno inició este control tras detectar irregularidades en la asignación de pensiones. En 2023, de las 22.417 pensiones revisadas, solo el 20% cumplía con los requisitos legales. Además, se encontraron 150 personas fallecidas y 212 detenidos que continuaban cobrando el beneficio. También se identificaron 14 prófugos de la justicia que estaban percibiendo esta pensión.  

Previo a esta auditoría, entre el 2 y el 20 de enero, se llevó a cabo un relevamiento inicial sobre 1.108 beneficiarios. De ellos, 357 personas (31,6 %) no se presentaron a la convocatoria, mientras que entre los que sí asistieron, 126 casos (16,6 %) no cumplían con las condiciones necesarias para recibir el beneficio. Otros 16 beneficiarios quedaron pendientes de una nueva evaluación médica. 

Con la nueva reglamentación, se establecieron condiciones más estrictas para acceder a una Pensión No Contributiva por Invalidez. Los beneficiarios no pueden superar los 65 años de edad y deben ser argentinos nativos o naturalizados, o haber residido en el país al menos durante los últimos 10 años. En el caso de menores, sus padres deben acreditar una residencia mínima de tres años en Argentina.

Además, no pueden percibir jubilaciones ni pensiones adicionales, y en el caso de los menores, el ingreso familiar no debe superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas, es decir, aproximadamente 1.2 millones de pesos. También se exige la presentación de un certificado médico oficial emitido por un profesional de un establecimiento público o de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el que se detalle la patología y el grado de incapacidad, el cual debe ser igual o superior al 66 %.