El Gobierno nacional dejó sin efecto una serie de programas sociales y culturales

En el marco de un proceso de reestructuración de recursos, el Gobierno nacional dio de baja una serie de programas sociales y culturales gestionados por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. La decisión fue oficializada a través de once resoluciones del Ministerio de Capital Humano, publicadas recientemente en el Boletín Oficial.  

Según el Ejecutivo, el recorte responde a la necesidad de optimizar la administración pública y evitar la superposición de funciones, aunque la medida ha generado preocupación en sectores vinculados a la protección de la infancia y el fortalecimiento comunitario.

Entre las iniciativas que llegaron a su fin se encuentra "Participar en Comunidad", un programa que buscaba fortalecer los Centros Integradores Comunitarios y promover la participación social en los barrios más vulnerables.  

También fue eliminado el Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos, que tenía como misión garantizar el desarrollo integral de niños y adolescentes a través de acciones destinadas a reforzar su integración familiar y comunitaria. En este contexto, se disolvieron los Centros de Promoción de Derechos (CPD).  

Otro grupo de programas eliminados incluía los espacios Unzué, Sarmiento, Crescencia Boado de Garrigós y Colonia Gutiérrez e Inchausti, que ofrecían actividades de contención y promoción de derechos para niños y adolescentes.  

Asimismo, se derogó el funcionamiento de los Centros de Referencia, oficinas que servían como representación territorial del Ministerio de Capital Humano para coordinar políticas sociales en todo el país.  

Entre las medidas adoptadas, se destacan la eliminación del Plan "Jugando Construimos Ciudadanía" y el Programa Nacional de Derecho al Juego (JUGAR), los cuales promovían la importancia del juego en el desarrollo infantil. De igual modo, se canceló el Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Socio Comunitarias, que garantizaba el derecho al descanso y la recreación.

A su vez, se disolvió la Unidad Técnica para el Abordaje Integral de Derechos, bajo el argumento de que había una duplicación de funciones con otras áreas. El recorte alcanzó al Departamento de Salud Integral, que brindaba asistencia a niños y adolescentes en institutos a cargo de la Secretaría de Niñez, y al Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad, que aseguraba la protección de hijos de mujeres en situación de detención.

Además, se suspendió la Línea Activar, un espacio destinado a fomentar la participación y autonomía de los adolescentes, y se disolvió el Consejo Consultivo de Adolescentes, junto con el Programa Nacional de Derechos a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes.  

El Gobierno fundamentó estas medidas en la necesidad de unificar programas y evitar la duplicación de recursos. Sin embargo, la decisión abre interrogantes sobre cómo se garantizará la continuidad de las políticas de protección social para niños, adolescentes y sectores vulnerables.