$LIBRA
El Gobierno elimina la unidad investigadora del caso $LIBRA
La medida fue firmada por el propio Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El Gobierno nacional decidió disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para analizar las denuncias vinculadas a $LIBRA, una criptomoneda que generó gran revuelo luego de ser impulsada públicamente por el presidente Javier Milei. El token digital fue presentado como una oportunidad de inversión, pero terminó generando pérdidas millonarias y desató sospechas sobre eventuales maniobras fraudulentas.
La medida fue oficializada mediante el Decreto 332/2025, firmado por el propio Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El texto sostiene que la información reunida por la UTI ya fue remitida al Ministerio Público Fiscal y que, con ello, la unidad había cumplido su tarea. Sin embargo, la decisión no pasó desapercibida, ya que el caso $LIBRA continúa bajo la lupa judicial.
El escándalo tomó forma en febrero, cuando $LIBRA fue promocionada desde las redes oficiales del presidente. La criptomoneda se disparó en pocas horas, superando los cinco dólares por unidad. Pero el entusiasmo duró poco, ya que en cuestión de días, los desarrolladores desaparecieron y el valor de la memecoin se desplomó. Muchos inversores, que habían apostado sus ahorros, quedaron en una situación crítica.
La UTI había sido creada para determinar si hubo irregularidades en la promoción y el desplome de $LIBRA. Estaba integrada por especialistas en finanzas digitales, lavado de dinero y delitos económicos. Si bien ahora ya no está operativa, el expediente penal sigue abierto, y no se descartan imputaciones.
El caso también escaló a nivel internacional. En Estados Unidos, se presentó una demanda colectiva contra Milei por promoción engañosa y negligencia. Allí, se apunta a la influencia del presidente como factor decisivo para atraer inversores.
Por ahora, no hay datos oficiales sobre quiénes fueron los verdaderos creadores de $LIBRA ni si existieron conexiones directas con el Gobierno. Mientras tanto, los damnificados siguen esperando respuestas, y la Justicia deberá brindar definiciones.
