POLÍTICA
El Gobierno declaró en situación de crisis a cuatro obras sociales: cuáles son y qué pasará ahora
La Superintendencia detalló que estas obras sociales deberán elaborar un plan con metas trimestrales claras.
Este martes, el Gobierno nacional declaró en situación de crisis a cuatro obras sociales, luego de detectar irregularidades en su funcionamiento. La decisión fue oficializada mediante resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicadas en el Boletín Oficial y alcanza a prestadores que ahora deberán presentar un plan de contingencia en un plazo máximo de 15 días.
Las obras sociales involucradas son la Obra Social Fedecámaras (FEDECAMARAS), la Obra Social de Técnicos de Fútbol (OSTECF), la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (OSAPMER) y la Obra Social Volkswagen Argentina S.A. Según los documentos oficiales. Estas entidades superaron el índice de criticidad establecido por el Decreto 1400/01, lo que activó los mecanismos de control previstos para casos de riesgo financiero o institucional.
La Superintendencia, a cargo de Gabriel Gonzalo Oriolo, detalló que la crítica situación fue determinada al 28 de febrero de 2025 y que estas obras sociales deberán elaborar un plan con metas trimestrales claras, basadas en indicadores previamente definidos. También se exigió que incluyan acciones concretas para revertir los problemas detectados en su funcionamiento.
El objetivo del Gobierno es garantizar que las obras sociales puedan seguir prestando servicios básicos sin poner en riesgo la atención médica de sus afiliados. Por eso, el proceso estará monitoreado por el Comité de Evaluación y Seguimiento, que se encargará de revisar los avances y, de ser necesario, proponer medidas adicionales.
“Las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, serán las encargadas de efectuar el seguimiento del trámite en el ámbito de su competencia”, indica el documento.
Este nuevo llamado de atención desde la Superintendencia busca evitar que la situación se agrave y derive en la pérdida de prestaciones para sus afiliados. La intervención, aunque preventiva, pone el foco en la necesidad de una mayor transparencia y control sobre el funcionamiento de estas entidades. Mientras tanto, los afiliados esperan que la implementación de los planes de contingencia no afecte la continuidad de los servicios.
