Cadena perpetua para Brenda Agüero, la enfermera neonatal, por la muerte de cinco bebés

Brenda Agüero, la enfermera acusada por la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo, fue condenada a prisión perpetua tras un extenso juicio que se desarrolló en Córdoba. El fallo fue dictado por la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7° Nominación. Participaron los fiscales Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini. Asimismo, contó con un jurado popular compuesto por ocho titulares y 12 suplentes.

Con 29 años, Brenda Agüero fue hallada culpable de cinco homicidios calificados y ocho intentos de homicidio cometidos entre marzo y junio de 2022. Las pericias determinaron que los bebés murieron tras recibir de forma intencional dosis letales de potasio u otras sustancias que no formaban parte de sus tratamientos. La enfermera, que se desempeñaba en el área de Obstetricia del hospital, se convirtió en la primera persona en la historia judicial de Córdoba condenada como asesina serial.

Además de la condena a Agüero, el fallo arrojó otras penas para exfuncionarios y autoridades del hospital por su responsabilidad en los hechos. El exsecretario de Salud de la provincia, Pablo Carvajal, recibió una pena de cuatro años de prisión, mientras que la exdirectora del hospital, Liliana Asís, y otros tres exdirectivos fueron condenados a cinco años. Todos ellos seguirán en libertad bajo caución hasta que la sentencia quede firme.

El juicio, que duró más de dos meses, expuso el funcionamiento deficiente del sistema de control hospitalario y generó una fuerte conmoción en Córdoba y el país. A lo largo de las audiencias, declararon 99 testigos, incluidos familiares de los bebés fallecidos o afectados. El proceso incluyó también la participación de fiscales, defensores y un jurado popular compuesto por ocho titulares y doce suplentes, lo que le dio un carácter inédito en la provincia.

Brenda Agüero fue señalada como la única autora material de las muertes, pero la investigación también reveló fallas graves en la cadena de supervisión que permitieron que las acciones pasaran inadvertidas durante semanas. 

Las familias de las víctimas fueron reconocidas con indemnizaciones materiales, y el tribunal calificó lo ocurrido como un ejemplo de violencia institucional.