Javier Milei se propone disolver Vialidad Nacional por decreto

En un contexto marcado por los reclamos de los gobernadores por el mal estado de las rutas nacionales, el Gobierno nacional se prepara para avanzar con una profunda reestructuración del área de transporte. Uno de los cambios más resonantes es la disolución de Vialidad, organismo clave en la gestión de la red vial del país. La medida forma parte de un paquete de reformas que será oficializado por decreto antes del 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas del Ejecutivo.

Además de avanzar con el cierre de Vialidad, también está prevista la eliminación de otros entes como la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El control de las rutas y del tránsito pasaría a estar bajo la órbita de la Gendarmería Nacional, que sumaría tareas que antes cumplían estos organismos.

Según trascendió, las funciones que hasta ahora desempeñaban estos entes serían absorbidas por nuevos organismos o secretarías ya existentes, como la Secretaría de Transporte, y por la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que será creada por el mismo decreto. Desde el Gobierno, explican que estas modificaciones responden a una superposición de tareas que generaba ineficiencia en la administración pública.

Por ejemplo, la CNRT tenía bajo su control los talleres de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la fiscalización de transporte de carga y pasajeros. Sin embargo, en los últimos años fue perdiendo peso a raíz de la transferencia de competencias a otras dependencias. Algo similar ocurrió con la ANSV, que gestionaba licencias de conducir, antecedentes de tránsito y programas de scoring, pero ahora verá sus funciones disueltas o reasignadas.

En el caso puntual de Vialidad, con una plantilla de más de 5.000 trabajadores, su desaparición implicará un fuerte reordenamiento interno y operativo. El Ministerio de Economía será quien, a partir de ahora, tenga la potestad de otorgar concesiones para obras viales y servicios de transporte terrestre.