Neuquén

Puiggros pidió garantizar 180 días de clases y apoyó la sanción de una ley provincial educativa

La diputada nacional y especialista en políticas educativas, Adriana Puiggros compartió ayer al mediodía una reunión informativa con diputados de la comisión de Educación.
miércoles, 11 de agosto de 2010 · 00:00
En la ocasión Puiggros, presidenta de la comisión homónima en la Cámara baja del Congreso Nacional, consideró esencial la sanción una ley provincial de educación; calificó como imprescindible que todos los años se garanticen los 180 días de clases; abogó por la realización de paritarias provinciales y adelantó su participación en el Foro Educativo en caso de ser invitada. Sobre temas relevantes de la realidad educativa nacional se pronunció por resolver acciones educativas concretas para volver a tener una escuela pública más inclusiva y de excelencia.

Al respecto, explicó los logros alcanzados por la nueva Ley de Educación; la Ley de Financiamiento Educativo e, indirectamente, el fuerte impulso que significó la implementación de la asignación universal por hijo al favorecer la vuelta al colegio de chicos que habían desertado. “La asignación universal por hijo tuvo un efecto de inclusión social muy importante.

Ahora desde la política hay que responder con planes concretos que contengan para que los chicos no vuelvan a desertar”, señaló. Al explicar los avances en política educativa, Puiggros indicó como trascendente la aprobación de la Ley de Financiamiento Educativo.

Señaló que su finalidad se cumplió casi en un 80% y destacó como hecho significativo el haber logrado destinar un 6% del PBI para invertir en educación. Reconoció que la vigencia de la norma vence este año y que el Congreso debe volver a discutir las metas para los próximos 5 años. Anticipó que desde su bloque, el Frente para la Victoria, se está trabajando en un proyecto que eleve la inversión en educación a 8 puntos del PBI. Igualmente aclaró que “más allá del cuanto, la meta es aumentar”.

También destacó que actualmente Nación aporta un 40% y las provincias un 60% y que es prioridad intentar revertir esa relación. Respecto al tema salarial, explicó que hay 11 provincias que forman parte del programa de compensación salarial que permite equiparar el pago del “cargo testigo”. Sobre el pedido de Neuquén de ser reconocido como beneficiario del programa, adelantó que hay que discutir seriamente los indicadores de cada provincia para decidir cual ingresa y cual no. Al ejemplificar, indicó que la provincia de Buenos Aires representa el 45% del padrón de alumnos y no está incluida como beneficiaria.

Ante la consulta de diputados sobre los conflictos salariales que origina la paritaria educativa que Nación acuerda con los gremios nacionales, opinó que cada provincia tiene que hacer su paritaria y no sólo discutir temas salariales. Observó que en la mesa de acuerdos también deben discutirse temas referentes a la calidad educativa, sobre la unificación de cargos para no agobiar a los docentes y que permitan generar en cada escuela equipos de trabajo.

La calidad educativa también fue centro del debate. Consultada sobre la pérdida de excelencia en la escuela pública, consideró que la calidad no depende exclusivamente del sistema que se aplique y que previo a lo pedagógico hay que resolver cuestiones estructurales como contar con establecimientos públicos adecuados; no saturar el aula con más de 50 chicos; apoyar la educación con material didáctico y tener un cuerpo docente que concurra a dar clases, esté bien pago y formado.

Señaló como un déficit importante el haber suplantado los libros de textos por fotocopias. Añadió que en el debate sobre calidad educativa muchas veces el deterioro permanente de la escuela secundaria deja en segundo plano las falencias del ciclo primario. Por otra parte, destacó los avances en el proyecto de Ley de Educación Superior que lleva adelante su bloque en el Congreso y goza de “amplio consenso” entre distintos bloques parlamentarios.
 
Sobre el tema, aclaró que uno de los puntos que más resistencia genera es la intención de prohibir el ingreso de evaluadoras privadas que avalen los planes de estudio y apoyar la conformación de una evaluadora pública. Entre las voces en contra, mencionó que “hay rectores que

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