Neuquén

En busca de una Ley Integral de Tierras Fiscales

El diputado del PJ, Alejandro Calderón presentó un proyecto de ley que regula la administración y disposición de tierras “fiscales” en la provincia.
viernes, 06 de agosto de 2010 · 00:00
La iniciativa consta de 111 artículos y dispone una detallada normativa que reglamenta la venta, define a los beneficiarios, impone tiempos de edificación, prohíbe la transferencia de derechos de adjudicación, faculta a los municipios a enajenar tierras fiscales urbanas y regula el precio final de dichos terrenos.

A la vez, hace eje en la demanda habitacional y en la elaboración de planes de desarrollo y urbanización para promover el desarrollo poblacional. Respecto a la usurpación de terrenos, aporta aspectos legales para que la autoridad de aplicación recupere los terrenos ocupados. El proyecto explica que la norma permite incorporar tierras al proceso económico y mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales, la satisfacción de la demanda habitacional y las demandas relativas a la infraestructura comunitaria.

En ese sentido, autoriza al Ejecutivo provincial a desarrollar polos de urbanismo y colonización. También faculta a los gobiernos municipales a enajenar tierras fiscales urbanas e incorpora un artículo para regular los precios de venta al equiparar su valor con los precios medios de la zona. Al hacer referencia a la adjudicación de terrenos, la iniciativa prohíbe la transferencia de derechos y obliga al adjudicatario a edificar en un plazo no mayor a los tres años.

A la vez, define como posibles beneficiarios a las personas físicas que no figuren como propietarios y a las cooperativas, empresas, sociedades o entidades sin fines de lucro. Explica que para casos en los cuales las tierras fiscales estén ocupadas por intrusos, usurpadores, tenedores precarios sin título o locatarios con permisos vencidos, la autoridad de aplicación tiene facultades para iniciar las acciones administrativas y judiciales que permitan restituir la tierra al patrimonio provincial.

Añade que en ninguno de estos casos se reconocerá el valor por las mejorar que hayan implementado los desalojados. Resuelve que el proceso de adjudicación se realiza mediante un sistema de puntaje que permite establecer un sistema de preferencia. Los incisos que otorgan mayor puntuación son: ser argentino nativo, 10 puntos; nativos de la ciudad, 10 puntos; antigüedad de residencia comprobada, un punto por cada año; familias con hijos no emancipados, 9 puntos más dos por cada hijo; matrimonio sin hijos, 8 puntos.

Otra condición excluyente para ser considerado como adjudicatario es estar inscripto en el Registro Único de Vivienda y Hábitat. En tanto, excluye como posibles beneficiarios a contraventores de la ley de Tierras Fiscales; a usurpadores y ocupantes de tierras y a quienes ya sean adjudiatarios o hayan cedido sus derechos. La ley también excluye integrantes del personal político que formen parte del Poder Ejecutivo, Legislativo o el Tribunal de Cuentas.

Respecto al rubro empresarial, señala que las firmas interesadas en adquirir tierras deben presentar un proyecto de emprendimiento o planta industrial; especificar y justificar la superficie del terreno solicitado y entregar el anteproyecto, la forma de financiación y el estudio de factibilidad correspondiente, entre otros requisitos. También fija que los bienes inmuebles fiscales ubicados dentro del ejido urbano de cada municipio deben corresponder al mismo, salvo los terrenos que tengan un uso determinado. De esta forma, incorpora los preceptos del artículo 289 de la Constitución Provincial.

En igual sentido, dispone que los gobiernos municipales quedan facultados para enajenar tierras fiscales urbanas y deben regular los precios de venta según el valor medio de la zona. La iniciativa crea un Comité de Manejo de Tierra Fiscal con autonomía funcional y autarquía económica que oficiará de autoridad de aplicación.

El mismo estará integrado por un representante del Ministerio de Hacienda; uno de Desarrollo Territorial; uno de cada bloque político del Poder Legislativo y un representante del Instituto de Vivienda y Urbanismo.

El Comité tiene por función elabora

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