Neuquén

Se tratará la reforma del Código Procesal Penal

La reforma del Código Procesal Penal obtuvo hoy despacho por unanimidad en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia y será tratado mañana miércoles en el recinto.
martes, 22 de noviembre de 2011 · 00:00
El nuevo Código reemplaza el actual sistema procesal penal de tipo “inquisitivo reformado” por uno adversarial; divide las tareas de investigación y juzgamiento que, actualmente, se encuentran concentradas en el juez de instrucción, e incorpora principios de oralidad, transparencia y publicidad, entre otros puntos.

Los legisladores que expusieron diferencias sobre algunos artículos de la reforma, acompañaron el dictamen con su voto positivo pero plantearán las discrepancias durante el tratamiento en particular.

Los puntos sobre los que no hubo total acuerdo son los referidos a las querellas colectivas, la potestad jurisdiccional sobre los pueblos originarios y la competencia de los juicios por jurado. El presidente de la comisión José Russo (MPN) sostuvo que “para la sociedad de Neuquén esto no es una ley sino un gran paso hacia una justicia mucho más próxima a la ciudadanía”.

En tanto que Marcelo Inaudi (UCR), uno de los impulsores de la reforma, consideró que “el salto institucional que se está dando con el nuevo Código es gigantesco”.

El dictamen aprobado excluye las querellas colectivas e incorpora, en su lugar, la participación de la Defensoría del Niño y Adolescente como parte querellante en delitos contra la integridad sexual de menores.

A la vez, estipula la aplicación del artículo 9.2 de la resolución Nº 169 de la Organización Internacional de Trabajo para los delitos que involucren a integrantes de los pueblos originarios y que obliga a los funcionarios judiciales a considerar los usos y costumbres al momento de juzgar.

En relación a los juicios por jurados, excluye su competencia en casos de delitos contra la administración pública y sólo contempla su aplicación para causas de homicidios dolosos simples y agravados; abuso sexual calificado, privaciones ilegítimas de la libertad y causas graves en las que el fiscal requiera penas superiores a los 15 años de prisión.

El despacho incorpora el mecanismo de juicio directo para casos de flagrancia y establece el derecho de la víctima a ser notificada de la imposición o revocación de medidas de coerción, entre otros aspectos.

El proyecto, que deroga la ley Nº 1667, contempla un plazo de aplicación de 2 años. Durante el debate, Russo valoró el trabajo realizado por integrantes de los tres poderes del Estado y remarcó que el objetivo de impulsar una justicia clara, transparente y ágil “está cumplido”.

Añadió que la iniciativa implica “la caída del imperio de los jueces” y expresa “la voluntad del legislador de ofrecer a la comunidad herramientas de oralidad, transparencia y celeridad en los procesos penales”. Inaudi admitió que la reforma es perfectible pero, subrayó que “la mejor manera de garantizar la impunidad es dejando el Código tal como está”.

En ese sentido, destacó que el nuevo proceso penal acaba con el secreto de las actuaciones, promueve la participación y fortalece los derechos tanto de la víctima como del imputado.
 
Los cuestionamientos los planteó la diputada Soledad Martínez (Alternativa Neuquina), quien rechazó la exclusión de las causas de delito contra la administración pública del ámbito de competencia de los juicios por jurados, cuya inclusión había sido propuesta por el poder Judicial. En ese sentido, dijo que “estamos frente a la oportunidad de dar una clara muestra política de que no funcionamos como una corporación”.

También rechazó la eliminación de las querellas colectivas porque excluye a organizaciones y fundaciones, entidades con recursos y estructura para poder constituirse como querellantes. En relación a la potestad jurisdiccional sobre los pueblos originarios, propuso que se aplique para algunos delitos, en la medida que no violen derechos humanos fundamentales, y en los que víctima y victimario sean de la comunidad mapuche. En su intervención, Ariel Kogan (PJ) apoyó la competencia del juicio por jurados fijada en el despacho y la aplicación d

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