Cerámica Neuquén a punto de ser rematada: un centenar de obreros quedaría en la calle
Los trabajadores denuncian al juez por "pedir la represión”.
Tras años de resistencia por parte de los obreros de la Cerámica Neuquén, nuevamente temen quedar en la calle ante la amenaza latente de que la fábrica sea rematada. En las últimas horas, trascendió que un juez laboral dispuso tareas de verificación de la instalación de la firma a cargo de un martillero público.
De este modo, la tarea del rematador en la Cerámica Neuquén será identificar también a los trabajadores que hacen funcionar la producción a modo de cooperativa. Para evitar conflictos con los obreros, el magistrado Hugo Daniel Ferreyra solicitó también la presencia de la Jefatura de Policía, bomberos y ambulancias.
El juez ordenó al personal encargado de subastar la Cerámica Neuquén que informe “la fecha coordinada con la fuerza policial para efectivizar la medida de modo de oficiar al Ministerio de Salud de la Provincia a los fines de que se prevea la presencia de ambulancias que la autoridad policial estime necesarias y se oficiará también al cuerpo de bomberos de la Provincia a los fines de que se hagan presentes preventivamente en el lugar con los elementos que la autoridad policial estime necesarios”. El martillero que deberá realizar esta supervisión en la fábrica de cerámicos ubicada en ruta 7 en el Parque Industrial neuquino es Marcelino Vallejos.
Con la información recolectada de Vallejos se procederá a conocer “el estado del inmueble y de las instalaciones en su interior para dar a publicidad en la convocatoria a futuros interesados” a adquirir la propiedad.
Repercusiones
Al trascender la orden judicial, desde el Frente de Izquierda, la dirigente Miriam Bregman hizo eco de la situación de los obreros de la Cerámica Neuquén a través de las redes sociales para denunciar lo ocurrido como “grave” por la petición de “policías, bomberos y ambulancias” por parte del juez. Por su parte, los trabajadores de la cooperativa denunciaron que la actitud del magistrado Ferreyra “pasa por alto que existe un preacuerdo entre la vieja patronal y la gestión obrera para resolver el conflicto”, el cual incluye que los “despedidos puedan cobrar sus indemnizaciones”. En ese contexto, los empleados también advirtieron que “en diciembre había una audiencia convocada para que escuchen la propuesta, pero decidieron no ir y pedir la represión”, se quejaron en un comunicado.
