Se fue Di Luca y ya son cuatro las renuncias en el gabinete de Gutiérrez

Después de dos meses en que se diera a conocer la estafa de los planes sociales del BPN y el Ministerio de Desarrollo Social, el ministro de la cartera, Abel Di Luca y el director provincial encargado de distribuir la ayuda social, Ricardo Soiza, presentaron su renuncia ante el gobernador, Omar Gutiérrez.

Ante el ilícito de los planes sociales, el miércoles 31 de agosto, la fiscalía realizó un allanamiento en las oficinas de Soiza. El ahora exfuncionario había sido notificado mientras el personal policial de delitos económicos cargaba documentación en una camioneta. Di Luca intentó resistir en su cargo: “Mi renuncia la tiene el gobernador a su disposición desde el primer día que asumí como ministro”, había mencionado el entonces funcionario el pasado 24 de agosto.

El escándalo de los planes sociales ocasionó cierta incomodidad en el Gobierno provincial. A medida que avanzaban las diligencias judiciales, la pregunta no se pudo evadir. Hasta el propio candidato a gobernador por la lista azul del MPN, Marcos Koopmann se vio obligado a pronunciarse al respecto. Del otro lado de la interna, el candidato Rolando Figueroa fue contundente durante el fin de semana que presentó su candidatura en la capital neuquina. “Han caído tan bajo que han ido a robar de los bolsillos de los pobres para ponerla en campaña. Eso es caer bajo”, sentenció Figueroa.

Pese a los rumores que circulaban en los pasillos gubernamentales, Di Luca y Soiza continuaban en ejercicios de funciones. El ministro continuaba reuniéndose con las organizaciones sociales para evitar que estas volvieran a ocasionar un caos sobre la Avenida Argentina. Mientras tanto, en la Legislatura, la oposición realizaba pedidos para que los funcionarios brindaran las correspondientes explicaciones.

El Ministerio Público Fiscal inició una investigación por una maniobra de defraudación a través del uso de tarjetas de débitos del Banco Provincia de Neuquén asociadas a los planes sociales. El  monto de las extracciones “ráfaga” supera los 300 millones de pesos en un período que abarca desde el 2020 hasta julio del 2022. Según consta en la auditoría interna que realizó la entidad bancaria, uno de los empleados admitió que colaboraba en distintas campañas electorales.

Ambas renuncias, que se dieron a conocer este jueves, se suman a las presentadas por el exsubscretario de Diversidad y Género, Adrián Urrutia, y su par de Trabajo, Ernesto Seguel. Los dos funcionarios fueron denunciados por abuso sexual y acoso laboral.  

Las renuncias que tardaron en llegar

En un comunicado de la Unión Cívica Radical (UCR), firmado por la secretaria General del Comité Provincia, Jorgelina González y el presidente del Comité Provincia, Juan Peláez mencionaron: “Las renuncias, que tardaron en llegar, son necesarias, pero aún no hay justicia” y agregaron que, “esta llegará cuando sean condenadas todas las personas implicadas, cuyos nombres aún el gobierno mantiene en el anonimato, y se recupere todo el dinero robado”.

Los referentes de la UCR exigieron al Ministerio Publico Fiscal celeridad y transparencia en la investigación, e independencia al fuero penal competente. “En una provincia con un extenso derrotero de impunidad e indecencia, que no conoce de condenas por corrupción, urge esclarecer rápidamente esta escandalosa estafa”, finalizaron.