Neuquén
Libres del Sur exige que el Congreso trate la iniciativa popular para congelar precios
Escobar sostuvo que “la inflación y la pobreza son los flagelos más duros que está viviendo nuestro pueblo”.
Más de doce mil personas marcharon el pasado jueves desde el Ministerio de Desarrollo Social al Congreso de la Nación, con Libres del Sur a la cabeza de la protesta contra el "ajuste". Ante la Cámara Nacional Electoral presentaron “los casi 2 millones de firmas para congelar los precios de los alimentos y tarifas de los servicios públicos por 12 meses”, informaron en un comunicado.
“La inflación y la pobreza son los flagelos más duros que está viviendo nuestro pueblo”, acotó el candidato a presidente, Jesús Escobar, junto al presidente de Libres del Sur, Humberto Tumini, y la coordinadora Nacional Territorial, Silvia Saravia, en medio de la movilización realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el pasado jueves.
La militancia se movilizó desde la Avenida 9 de Julio hacia el Congreso, para pedirles a los diputados y senadores que, “con participación ciudadana”, traten el proyecto de ley presentado por Libres del Sur, acompañado por 1.849.507 firmas de todo el país. “Se tiene que respetar la manda constitucional de que una iniciativa popular respaldada por más del 1,5 por ciento del padrón sea tratada en el Congreso de la Nación”, remarcó Escobar.
El postulante a la presidencia detalló que la iniciativa popular propone congelar los precios de los alimentos de la Canasta Básica y las tarifas de los servicios públicos por doce meses, “como respuesta inmediata al problema de la inflación”.
Asimismo, dijo que el Presupuesto 2023, que ya tiene media sanción del Congreso, sigue con las directivas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Políticas de ajustes
En la misma línea que el candidato Escobar, Saravia remarcó que el Presupuesto nacional “es el del FMI, un presupuesto de ajuste que nuevamente busca el equilibrio fiscal sobre la base de sacarles a los que menos tienen”. Incluso, agregó que se quitan las partidas de gasto social mientras se mantienen beneficios como el de los jueces. Finalmente, afirmó que “la nueva ministra no termina de atender como corresponde a los comedores y merenderos”.
