Dos cárceles de Neuquén no podrán recibir a más personas por el hacinamiento de su población

A pedido de la defensora Pública, Luciana Petraglia, la jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass ordenó que por seis meses no ingresen más personas a la Unidad de Detención 11 y que se mantenga el plantel de la Unidad 12. Más cárceles se encuentran en estado de hacinamiento.

"Hace dos meses venimos trabajando este tema con el Poder Ejecutivo, venimos advirtiendo que la situación es grave, y todo tiene un límite. No es posible seguir alojando gente en esas condiciones”. La fiscal, Natalia Lacoste, no presentó objeciones ante la medida de reducir la capacidad de los alojados en las cárceles.

Petraglia subrayó que el director de Unidades de detención, comisario Ricardo Caro había confirmado que la Unidad 11 tiene una capacidad de 233 personas, y en este momento hay 265 alojadas. Recordó que la secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez llamó a licitación para construir un pabellón de máxima seguridad destinado a 25 personas, pero que recién empezaría el año próximo, con un plazo de ejecución a tres años.

Domínguez mencionó que la salida a la sobrepoblación en las cárceles es firmar un convenio con Nación para ocupar un pabellón del Complejo Penitenciario Federal Senillosa y trasladar a 84 personas, debido a que “ese sector está hoy en ruinas”. También aseguró que la provincia "ofreció los materiales, el gobierno central pondría la mano de obra, y en poco tiempo estaría en condiciones de habitabilidad”.

La jueza Gass explicó que la cantidad de individuos en la Unidad 11 es de 265 sujetos y debe disminuir a 233; en cambio, la Unidad 12 puede permanecer en 42 personas.

Plan de reparación integral

La jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass le exigió al Gobierno neuquino que en 60 días envíe un plan de reparación integral de la Unidad 11, así como un proyecto para la construcción de un taller destinado a educación. A su vez, pidió que en 30 días acondicione 3 de las 6 casas de pre-egreso, las cuales tienen problemas de gas y cloacas, que pueden alojar entre 4 y 5 detenidos.

La defensora Pública, Luciana Petraglia puntualizó que el detonante se debió a las muertes de los internos Víctor Herrera y Maximiliano Mérgola, en el mes de agosto pasado, en el contexto de un incendio que aún se investiga. Destacó que los pabellones 7 y 9, donde están los ofensores sexuales, el hacinamiento es notorio y además presentan problemas de seguridad eléctricas.