VILLA LA ANGOSTURA
Conflicto por tierras: TSJ revisará decisión a favor de la comunidad mapuche Paicil Antriao
El máximo tribunal provincial admitió dos recursos presentados por los apoderados legales de quienes reclaman la propiedad de un lote en Puerto Elma.
Tras admitir los recursos de nulidad extraordinario e inaplicabilidad de la ley presentados por los apoderados legales de Ana María Bianchedi de Terzolo y Andrés Luis Ángel Mattana; el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revisará una sentencia dictada por la Sala 1 de la Cámara Provincial de Apelaciones a principios de octubre del año pasado, donde revocó la decisión que obligaba a la comunidad mapuche Paicil Antriao a restituir un lote contiguo a Puerto Elma, en Villa La Angostura.
En su momento, la Cámara de Apelaciones ordenó suspender el proceso judicial de restitución hasta que se agreguen al expediente los resultados del relevamiento de pueblos indígenas previsto en la ley 26160, que establece la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras.
Los jueces del TSJ que votaron por admitir los recursos fueron Roberto Germán Busamia y Evaldo Moya, mientras que Gustavo Andrés Mazieres votó en el sentido contrario.
Busamia consideró que la Cámara incurrió "en total descuido del derecho de propiedad privada, que merece igual respeto constitucional y convencional, refiriendo expresamente a la normativa mencionada de igual rango que protegería tal derecho".
A su juicio, “la ley 26160, al restringir severamente el derecho constitucional de propiedad privada, deviene inconstitucional con el trascurso del tiempo, esto sería más de quince años desde su dictado".
Por su parte, Mazieres rechazó la admisión de los recursos bajo el argumento de que “la decisión cuya revisión se procura no es definitiva en el particular, en tanto no decide la suerte final del derecho invocado por la actora, al no pronunciarse sobre la cuestión sustancial planteada".
Según el magistrado del TSJ, “la parte impugnante se ha limitado a efectuar una interpretación propia de las constancias de la causa, no contemplando la totalidad de las características de la propiedad comunitaria indígena, de la normativa nacional e internacional en la materia y de los lineamientos esgrimidos a partir del pronunciamiento y de la Corte IDH".
En sintonía con la Fiscalía, Mazieres pidió declarar inadmisibles los recursos. La causa civil se originó en 2013, cuando la titular del lote recurrió a la Justicia.
