Figueroa impulsa la creación del defensor de los derechos de las personas con discapacidad

El diputado nacional, Rolando Figueroa, presentó un proyecto de ley que impulsa la creación de la figura del defensor de los Derechos de la Personas con Discapacidad. La propuesta de Figueroa fue elaborada en conjunto con Mónica Guanque, referente en la temática de accesibilidad.

De aprobarse la ley, quien asuma el cargo tendrá que velar por la protección y promoción de los derechos de las personas con  discapacidad, establecidos en la Constitución Nacional y Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las leyes nacionales.

El diputado destacó la lucha de Mónica y todas las personas con discapacidad y agregó: "Nuestro objetivo mediante la presente iniciativa es brindar una respuesta frente a la demanda de las personas con discapacidad y aportar al cambio de paradigma desde el cual se debe abordar la problemática".

En cuanto al proyecto de ley que presentó Figueroa, se estableció que la persona para el cargo será propuesta, designada y removida por el Congreso Nacional. Durará cinco años en el cargo y podrá ser reelegido por una única vez. Deberá ser una persona con discapacidad, de nacionalidad argentina, ser mayor 30 años y acreditar idoneidad y experiencia comprobable de cinco años como mínimo en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Mónica Guanque explicó que la intención "es contar con una persona que haga efectiva cada una de las leyes que los ampara. Hay muchas leyes, resoluciones e incluso tratados internacionales, pero nunca se hacen efectivas. Por eso presentamos este proyecto". 

Funciones del Defensor

Figueroa, candidato a gobernador, propuso que el defensor de las Personas con Discapacidad tendrá entre sus funciones velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las personas con discapacidad; asesorarlas acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios disponibles.

También tendrá que estudiar y proponer normas y reformas legales necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad; solicitar informes a organismos públicos o privados e instarlos a que realicen las investigaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos que motivan su actuación; intervenir en la instancia de asesoramiento de mediación o conciliación y promover las acciones para la protección de los intereses difusos o derechos colectivos.