Trabajadoras del SPVF: “Hemos entrevistado a las mujeres en la cocina por falta de espacio"

Una vez más, las trabajadoras del Servicio de Prevención de Violencia Familiar (SPVF), continúan con el reclamo por “la falta de edificio donde funcionar, acorde a las necesidades de la población que atraviesa situaciones de violencia familiar, en el marco de la Ley 2785”. Junto a diputados y concejales neuquinos se movilizaron, esta mañana a Casa de Gobierno, a exigir una audiencia con el Ministro de Desarrollo Social y Trabajo Abel Di Luca.

Cecilia Medina, psicóloga del SPVF, señaló que no podrán funcionar sin un espacio fijo para el servicio, y contó: “hoy estamos funcionando en un espacio en el cual tenemos dos oficinas habilitadas para las entrevistas y, en más de una ocasión, hemos tenido que entrevistar a las mujeres en la cocina porque no tenemos espacio para poder realizar entrevistas simultáneas”.

Explicó Medina que, desde diciembre del año pasado, les habían prometido el ingreso de cinco duplas de profesionales al dispositivo, pero tampoco se concretó y argumentó que “la Ley 2785 exige que el trabajo con las personas en situación de violencia sea abordado por duplas psicosociales del SPVF, esto es un trabajador social y un psicólogo o psicóloga”.

El dispositivo con 35 años de funcionamiento en la provincia no cuenta con una sede propia, en ese sentido, María del Carmen Leonetti, trabajadora Social del servicio, explicó: “Primero nos propusieron hacer trabajo itinerante en distintos dispositivos  con otros compañeros que están en la misma situación de condiciones edilicias", según ella "de hacinamiento" y, por esa razón, se negaron. "Luego nos dijeron que empezaríamos a funcionar en la calle Alcorta, eso también se cayó”, acotó.

Las trabajadoras también enumeraron el conglomerado de situaciones que dan lugar a su reclamo: “Sabemos que después se vienen otras cosas, que tienen que ver con la falta de recurso humano, más ejecutoras y trabajadoras sociales; necesitamos recursos materiales, como módulos de alimentos y bonos de gas; pedimos la regularización de los profesionales eventuales, el reconocimiento de “Actividad Crítica” y vehículo institucional”.

El reclamo viene desde hace dos años

Las empleadas recordaron que la sede en alquiler que tienen actualmente en la calle Tucumán 786, en la que funcionan desde hace más de 10 años, la tienen que dejar este 31 de mayo.

Exclamaron que están cansadas de tantas “idas y vueltas y, en lo concreto, no tenemos nada”. Expresaron que las medidas de fuerza que mantienen en el gremio es “justamente para hacer visible esta situación y pedir una respuesta efectiva”.

“Responsabilizamos a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social y al Gobierno provincial, por la gravedad y riesgo de vida de las personas y sus familias, que se atienden en este dispositivo, por sus contextos de violencia, sea que se encuentren en lista de espera o en abordaje de este servicio”, puntualizaron.