Quiénes son los diez imputados por la explosión de la escuela de Aguada San Roque

Tras la formulación de cargos realizada el pasado miércoles por el Ministerio Público Fiscal, ayer fueron imputados dos funcionarios del Consejo Provincial de Educación (CPE) en la causa que se sigue por la explosión de la escuela albergue 144 del paraje Aguada San Roque, ocurrida el 29 de junio del año pasado.

Se trata del director de Ruralidad del CPE, Fabio Antonio Luna, y la directora de Educación Primaria, Patricia Delia Cressatti, a quienes se investiga por “incumplimiento de deberes de funcionario público y homicidio culposo, en perjuicio de la docente Mónica Jara, en concurso ideal y en carácter de autor (artículos 248, 84, 54 y 45 del Código Penal)”. Debido la explosión también fallecieron el gasista Nicolás Francés y su ayudante Mariano Spinedi.

Ahora son 10 los imputados en la causa. Luna y Cressatti se suman a otros cinco funcionarios públicos procesados en abril pasado, a saber: Roberto Deza (subsecretario de Obras Públicas), Raúl Capdevila (director provincial de Obras Públicas), Carlos Córdoba (director de Obras Públicas), Sergio Percat (inspector de obra de Obras Públicas) y Gabriel Potás (coordinador de Infraestructura del Ministerio de Educación).

También en abril fueron imputados tres representantes de la empresa Arte SRL, a cargo de la obra. Ellos son: Héctor Villanueva (socio gerente), Diego Bulgheroni (representante técnico) y Eduardo Afione (maestro mayor de obra).

La decisión fue tomada por la jueza de Garantías de Cutral Co Laura Barbé y comunicada durante una audiencia virtual.

Omisiones mortales

Las fiscales Sandra González Taboada y Gabriela Macaya acusaron a Luna y Cressatti de “no haber informado al Consejo Provincial de Educación que la escuela primaria rural N°144 de Aguada San Roque se encontraba en obra, por lo que ese establecimiento escolar no estaba en condiciones de volver a las clases presenciales en junio de 2021”.

Para González Taboada, “esa omisión determinó que se incluyera a la escuela entre las que debían retornar a clases presenciales”. También señaló una segunda omisión: “informar a la directora del establecimiento que mientras se realizaban las obras no se podía ingresar ni permanecer en el edificio”.

Las querellas particulares, que representan a las víctimas, adhirieron a la formulación de cargos del Ministerio Público Fiscal, mientras que la defensa rechazó las imputaciones. Esto ocurre en medio de los pedidos de justicia que protagoniza la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), que ha convocado un paro y movilización para el próximo 29 de junio, cuando se cumplirá un año de la tragedia.