Piden separar a los funcionarios acusados por la explosión en la escuela de Aguada San Roque

Los siete funcionarios públicos que fueron acusados por la explosión de la escuela albergue de Aguada San Roque continúan realizando sus funciones en las dependencias estatales. La familia de Mónica Jara, la docente que realizaba su primer trabajo y murió días después por las quemaduras que sufrió luego de la explosión, pidió que sean separados los imputados como “una señal a la ciudadanía”.

En declaraciones radiales en AM Cumbre, el abogado querellante, Darío Kosovsky expresó que los funcionarios continúan en su cargo pese a haber sido imputados en la causa. “Si hay una imputación realizada por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia a funcionarios públicos por delitos de corrupción, un buen mensaje sería”, explicó con respecto a un posible apartamiento de sus cargos.

“Es un momento histórico importante para que toda la ciudadanía pueda ver que en este caso la explosión de Aguada San Roque no fue una negligencia, fue consecuencia de la corrupción estatal”, dijo el abogado Darío Kosovsky.  

El gremio docente ATEN realizó el mismo pedido a través de una solicitada pública de página completa en los diarios de mayor tirada en la región.  

 “Yo no digo ni siquiera despedir, pero mínimamente separarlos de los cargos para que no sigan al frente de Obras Públicas en esta provincia, por lo menos en lo que dure el proceso”, expresó Kosovsky.

El abogado detalló que, junto con la fiscalía, pidieron que el plazo de investigación de cuatro meses no se duplique  y que se unifique con el período que comenzó el 26 de abril. A partir de esa fecha solicitarán el requerimiento de apertura a juicio donde se fijará la fecha del inicio de las audiencias que determinarán las responsabilidades de los acusados por el hecho que también terminó con la vida de los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi.

El representante legal de la querella señaló que el pedido de Juan –el marido de Mónica-, y  el pedido de ATEN “es juicio y condena, no es acuerdos”.

Los diez imputados

Durante la audiencia de formulación de cargos realizada el pasado viernes, se formularon cargos contra dos directivos del Consejo Provincial de Educación (CPE) por incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal con homicidio culposo. Se trata del  el director general de Educación Rural, Fabio Luna y de la directora provincial de Nivel Primario, Patricia Cresatti.

Estos últimos se suman a los ocho imputados que pertenecen al área de Obras Públicas, al Ministerio de Educación y la empresa encargada de la obra.

Se trata del subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza -acusado por administración fraudulenta en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público-, el director de Obras Contratadas, Carlos Córdoba -estrago culposo agravado por su resultado muerte, en concurso real con administración fraudulenta- , el director de Obras Contratadas, Raúl Capdevilla - estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta- , el inspector de obra Sergio Percat -por estrago culposo agravado por su resultado muerte, en concurso real con administración fraudulenta-,  el coordinador interinstitucional de la unidad de Planificación e Infraestructura, Gabriel Potas -por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real con homicidio culposo-, el socio gerente de Arte Construcciones, Héctor Villanueva -por estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta-, el representante técnico de la empresa, Diego Bulgheroni -por estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta- y el constructor Eduardo Afione -por estrago culposo agravado por su resultado muerte-.