Explosión en Aguada San Roque: rechazaron los planteos de la defensa

Un tribunal de Impugnación resolvió la inadmisibilidad de los recursos presentados por las defensas particulares de seis de los diez acusados por la explosión de la escuela albergue del paraje Aguada San Roque. Durante la audiencia realizada hoy, el grupo de magistrados avaló de forma unánime el pedido de la fiscal jefa Sandra González Taboada y la fiscal del caso Gabriela Macaya.

De esta manera, se confirmaron las decisiones impuestas por la jueza de garantías, Lupica Cristo de la Segunda Circunscripción Judicial, durante la audiencia de formulación de cargos realizada el 26 de abril pasado. Por consecuencias del hecho acaecido en la localidad de Aguada San Roque, murió la docente Mónica Jara y los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi.

Los abogados defensores de los imputados Raúl Capdevilla, Carlos Córdoba, Roberto Deza, Sergio Percat y Diego Bulgheroni habían planteado la incompetencia de la jueza Patricia Lupica Cristo en la investigación por los “delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, que fueron atribuidos cuando se hizo la audiencia de formulación de cargos en el mes de abril.

En esa misma audiencia de formulación de cargos, el abogado defensor de Gabriel Potas había presentado una impugnación “al entender que se había afectado la garantía de su defendido en contra de la autoincriminación forzada” y sostuvo que hubo una afectación a una garantía constitucional.

La querella representada por el gremio ATEN, los familiares de las víctimas y los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que la decisión impuesta era inimpugnable, solicitaron al tribunal el rechazo de los recursos presentados por las defensas y pidieron se ratificara la decisión impuesta por Lupica Cristo.

Los diez imputados

Durante la audiencia de formulación de cargos realizada el pasado viernes, se formularon cargos contra dos directivos del Consejo Provincial de Educación (CPE) por incumplimiento de deberes de funcionario público, en concurso ideal, con homicidio culposo. Se trata del director general de Educación Rural, Fabio Luna, y de la directora provincial de Nivel Primario, Patricia Cresatti.

Estos últimos se suman a los ocho imputados que pertenecen al área de Obras Públicas, al Ministerio de Educación y la empresa encargada de la obra: el subsecretario de Obras Públicas, Roberto Deza -acusado por administración fraudulenta en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público-, el director de Obras Contratadas, Carlos Córdoba -estrago culposo agravado por su resultado muerte, en concurso real con administración fraudulenta-, el director de Obras Contratadas, Raúl Capdevilla - estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta-, el inspector de obra Sergio Percat -por estrago culposo agravado por su resultado muerte, en concurso real con administración fraudulenta-,  el coordinador interinstitucional de la unidad de Planificación e Infraestructura, Gabriel Potas -por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real con homicidio culposo-, el socio gerente de Arte Construcciones, Héctor Villanueva -por estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta-, el representante técnico de la empresa, Diego Bulgheroni -por estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta- y el constructor Eduardo Afione -por estrago culposo agravado por su resultado muerte-.