NEUQUÉN
La Defensoría del Pueblo demandó a la Municipalidad de Neuquén y a CALF
La acusación es por la ilegalidad de las autorizaciones de aumentos en la tarifa de luz en la ciudad, por lo que se pidió la anulación de los mismos.
La Defensoría del Pueblo demandó, en las últimas horas, tanto a la Municipalidad de Neuquén como a la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF) por "la ilegalidad de las autorizaciones de aumentos en la tarifa de luz" durante estas semanas.
A su vez, Ricardo Riva pidió que se anulen esas subas y que se suspenda toda intimación o corte del servicio por falta de pago en la capital provincial como medida cautelar, además de instar a las autoridades de Neuquén a revisar esos permisos que concedieron.
Esta acusación se fundó en la “ilegalidad” de las disposiciones que derivaron en incrementos a montos “exorbitantes” que deben afrontar los vecinos de Neuquén, como también la “omisión de instancias de participación ciudadana y de acceso a información veraz y transparente”.
El amparo colectivo se realizó después de que un grupo llamado “Socios Autoconvocados de CALF Lda.” se acercaran a la defensoría ante la falta de respuesta a los reclamos presentados ante el Municipio, CALF y el Concejo Deliberante de la ciudad.
Es así como Riva solicitó información pública sobre los términos de la concesión y aumentos de la facturación, al mismo tiempo que se percibió una suba significativa en la cantidad de reclamos por la imposibilidad de abonar en tiempo y forma sus facturas.
La falta de respuesta por parte de la Municipalidad de Neuquén impulsó la demanda
Pese a la solicitud del defensor del Pueblo, la Municipalidad de Neuquén no envió una respuesta hasta el momento que permita conocer si la tarifa propuesta por el concesionario es “justa y razonable”, según informó el sitio Noticias NQN.
Por esa razón, se formuló la acción judicial, basada en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, mediante la que Argentina asumió obligaciones vinculadas a la transparencia, la información pública y la participación ciudadana en los actos de gobierno.
