Crisis hídrico-ambiental: piden la "urgente finalización" del Plan Estratégico Integral de Alerta

Luego de la prórroga por un año de la Ley 3.076 de Alerta Hídrico-Ambiental decretada ayer por el gobernador Omar Gutiérrez, las organizaciones de la sociedad civil que formaron parte del Comité de Alerta Hídrico-Ambiental piden la “urgente finalización” del Plan Estratégico Integral de Alerta (PEIA) de los cursos y cuerpos de agua de la provincia.

Aseguran que, cinco años después, “la situación hídrico ambiental se agravó como parte de los impactos del cambio climático en nuestra región”. En consecuencia, quieren asumir la responsabilidad de elegir a los nuevos representantes de la sociedad civil, bajo el argumento de que “conocen y actúan desde hace años para concientizar a la sociedad y gobernantes de turno sobre el grave problema”.

Cabe recordar que la ley fue sancionada por la Legislatura neuquina en 2017 y puesta en vigencia por decreto en 2018, a fin de proteger los cursos y cuerpos de agua. “La declaración de la alerta implica una respuesta efectiva para reducir la vulnerabilidad humana al cambio ambiental, reforzando, a tiempo, mecanismos y estructuras ambientales básicas existentes”, dice la norma, que dispone también la adopción de medidas por parte del Ejecutivo provincial y los municipios para conservar la calidad del agua.

Mediante el instrumento, se creó el Comité de Alerta Hídrico-Ambiental, integrado por representantes de distintos organismos oficiales, de la Cámara de Diputados, de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC) y de la sociedad civil.

Desde su conformación, el Comité ha dictado talleres en distintas zonas de la provincia, como Neuquén capital, Junín de los Andes, Zapala y Andacollo, además de avanzar en la redacción de un documento diagnóstico del PEIA, pero no terminó el instrumento necesario para elaborar políticas públicas concretas orientadas a abordar la grave crisis ambiental que atraviesa la provincia.