Villa La Angostura: la comunidad Kinxikew asegua que no recibieron ninguna orden de desalojo

Miembros de la comunidad mapuche Kinxikew (liderada por Amancay Quintriqueo) continúan en el lote 42, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura. El espacio es de 625 hectáreas y es el terreno que la Justicia ordenó desalojar hace seis años.

A finales de 2016, el juez civil Francisco Astoul Bonorino dispuso restituir el inmueble cercano a Villa La Angostura a la propietaria María Cristina Broers. Además de los Kinxkew, familias que se identifican como Lof Melo también están en el predio cercano a la localidad en lo que consideran es territorio mapuche.

“Aún no hemos tenido novedades del juez. Estábamos esperando que el magistrado respondiera a una presentación que hizo nuestro abogado (Virgilio Sánchez) el viernes, pero hoy no recibimos ninguna novedad”, informaron desde la comunidad Kinxikew que se encuentra cerca de Villa La Angostura.

“Nosotros seguimos en el territorio, resguardando como lo hemos hecho siempre, tranquilos también porque tenemos claridad que es un territorio que lo resguardó siempre nuestra familia”, sostuvieron desde la comunidad indígena.

Por otro lado, desde la comunidad, indicaron que “nunca se presentó nadie a notificarnos de esta sentencia de desalojo”, que el juez de la ciudad dictó tras una demanda de la vecina Broers que data desde 2011.

Quejas presentadas por la defensa de la comunidad mapuche a la Justicia

Por su parte, el abogado Sánchez presentó una queja contra el rechazo in limine que el juez civil de la ciudad cordillerana resolvió para desestimar la apelación contra la resolución que dictó ejecutar la sentencia de desalojo de todos los ocupantes del lote.

Además, presentó un planteo para dejar sin efecto el proceso judicial porque alegó que las comunidades mapuches Quintriqueo y Melo están incluidas en el relevamiento territorial que se retomó en la provincia tras un acuerdo que el Gobierno neuquino firmó hace unas semanas con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Por ello, Sánchez pidió al juez dejar sin efecto el proceso porque va en contra de lo que establece la ley 26160 (prorrogada tres veces) que suspende la ejecución de sentencias de desalojo contra las comunidades indígenas.