El Partido Justicialista en Neuquén apoya a la vicepresidenta de la Nación

En la unidad básica del Partido Justicialista (PJ) Neuquén, los referentes en la capital demostraron el apoyo a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y además escucharon su discurso, en el que coincidieron “es un juicio al peronismo”, en torno a la causa por supuesta corrupción en la obra pública durante su gobierno.

La vicepresidenta primera del PJ en Neuquén, Gimena González Eastoe, aseguró que no le tienen miedo a la Justicia y que se trata de una “embestida judicial que tiene por objetivo adoctrinar a la clase política, a la militancia y fundamentalmente correr de escena a los líderes populares”.

Según González Eastoe, este martes es un día clave porque el Tribunal rechazó el pedido de la ex mandataria de la Nación para ampliar su indagatoria. “Escuchamos a nuestra compañera declarando frente a la imposibilidad que puso la Justicia de que ella pueda defenderse de esta causa”, aseveró la militante del PJ.

Vale aclarar que el pedido de Fernández de Kirchner se justificaba “ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", expresó la vicepresidenta en su cuenta de Twitter y agregó: "Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”.

A lo que González Eastoe sentenció: “Dentro de nuestro sistema judicial lo que tenemos que permitir es justamente la defensa” y agregó “Lo que hace Cristina es hablarle al pueblo argentino para explicarle cuál es la situación de esta embestida judicial”.

“La sentencia ya estaba escrita”

La vicepresidenta, Cristina Fernández, dijo este martes que “la sentencia ya estaba escrita”, tras los alegatos de los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani, quienes solicitaron 12 años de prisión, en la causa que se le sigue por presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario, Lázaro Báez, durante su mandato entre 2007 y 2015.