LEGISLATURA
Reclaman aumentar los recursos destinados al presupuesto educativo
El diputado Carlos Coggiola, del Partido Demócrata Cristiano, presentó un proyecto de resolución bajo el argumento de que está por debajo de lo establecido por la Constitución provincial.
El diputado Carlos Coggiola, representante en la Legislatura del Partido Demócrata Cristiano, presentó un proyecto de resolución en el que solicita al Ejecutivo que destine un piso del 30% de las rentas generales que ingresan a la Provincia al presupuesto educativo, tal como lo dispone el artículo 114 de la Constitución.
En la fundamentación de la iniciativa, el legislador reclama que la ley de presupuesto de 2022 contempla 78 mil millones de pesos para Educación y Cultura, que representan 24,6% de los recursos corrientes, un porcentaje inferior al que establece la Constitución provincial.
Coggiola había presentado el martes un proyecto complementario, orientado a crear el Fondo de Financiamiento Educativo a partir del 3% de los ingresos por concepto de regalías hidrocarburíferas. El texto establece explícitamente que los recursos no estarán comprendidos en el porcentaje del 30% establecido en la Constitución provincial.
El fondo propuesto implicaría duplicar la actual inversión directa prevista en el presupuesto general vigente, que representa poco más de 5.000 millones de pesos. Los recursos se destinarían a capacitación docente, equipamiento escolar, refacciones y ampliaciones edilicias.
Ambos proyectos se suman al pedido de informes al Observatorio del Sistema Educativo sobre la evaluación de políticas educativas y su impacto en la provincia.
La iniciativa, dirigida al Consejo Provincial de Educación, también solicita que se difundan las acciones de monitoreo, seguimiento y el resultado de evaluaciones comparativas que debe realizar en materia educativa, además de la constitución organizacional del nuevo organismo, su composición y la nómina de integrantes.
El legislador recuerda en los fundamentos que el Observatorio Educativo se creó por ley para contribuir al mejoramiento de los procesos educativos mediante estrategias de investigación y evaluación continua, y que en forma anual debe remitir un informe de sus acciones y resultados al cuerpo legislativo.
