BATALLA JUDICIAL
Por tercera vez en seis años: ordenan el desalojo de comunidades mapuches asentadas en Paso Coihue
El caso llegó a la Justicia en 2016. La más reciente medida fue dictada el pasado jueves por un juez de Villa la Angostura. Las comunidades emitieron un comunicado y se declararon en alerta permanente.
El juez civil de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, dispuso el jueves pasado la ejecución de una vieja orden de desalojo contra las familias mapuches Quintriqueo y Melo, que habitan un predio de la zona de Paso Coihue.
El conflicto comenzó en 2011 y la medida inicial fue dictada en 2016 por el entonces juez civil de Junín de los Andes, Andrés Luchino, quien admitió una demanda de la familia Broers. Desde entonces se ha librado una batalla judicial que incluye otro intento de desalojo en 2020, ordenado por la jueza subrogante Andrea Di Prinzio Valsagna, también de Junín de los Andes.
En todos los casos, las medidas contras los mapuches han quedado sin efecto, debido a la vigencia de la ley 26160, que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y "suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas".
Las tierras en disputa fueron integradas en 1896 a la Colonia Agrícola Pastoril Nahuel Huapi, creada para incentivar la llegada de familias nacionales y extranjeras a la Patagonia. Tenía una superficie de 47.500 hectáreas. Los mapuches alegan su presencia en el lugar antes de esa fecha.
En un comunicado, las comunidades mapuches rechazaron la orden judicial dictada la semana pasada. "Hace 13 años venimos siendo amenazados y amedrentados por el Poder Judicial y el poder político de la provincia de Neuquén. Tres veces intentaron desalojarnos de nuestro territorio tres jueces distintos: Luchino, Di Prinzio y ahora Astoul Bonorino. Todos con la misma saña de efectivizar un desalojo de pu lamgen del Lof Kinxikew y del Lof Melo", denunciaron.
A su juicio, “no es casual que esto nos suceda en un marco político y económico nacional de empobrecimiento y criminalización al pueblo mapuche y organizaciones sociales". En ese sentido, responsabilizaron al Estado provincial “por no haber creado un registro de comunidades y otorgar personería jurídica al Lof Melo, por no avanzar con el relevamiento territorial normado por la ley nacional 26160, dejándonos en un estado de indefensión ante el poder judicial, que amenaza nuevamente contra la integridad comunitaria de ambos Lofce".
"Nos declaramos en estado de alerta permanente y resistiremos cualquier intento de desalojo de pu lamgen de nuestro territorio. No estamos solos, somos parte de un círculo de comunidades mapuches y organizaciones sociales que nos sostienen y acompañan en esta causa justa en defensa de nuestro territorio", advirtieron.
El texto cuenta con el apoyo del Consejo Zonal Lafkence de la Confederación Mapuche de Neuquén, la biblioteca popular Osvaldo Bayer y partidos políticos.
