BATALLA JUDICIAL

Comunidades mapuches de Paso Coihue acusan al juez Astoul Bonorino de “represor y racista”

Emitieron un comunicado en el que cuestionan la actuación del juez, quien ordenó a las comunidades desalojar las tierras que ocupan en Paso Coihue.
martes, 6 de septiembre de 2022 · 16:45

Las comunidades mapuches Kinxikew y Melo han criticado la actuación del juez Francisco Astoul Bonorino en el litigio respecto a las tierras que ocupan en la zona de Villa Coihue. Cuestionan su pertenencia a una familia que es propietaria de una empresa inmobiliaria, Astoul Bonorino Propiedades S. A., y lo consideran “represor y racista”.

En un comunicado, plantearon que Astoul Bonorino pertenecería “a una familia de inmobiliarios” y está “dispuesto a defender la propiedad privada reprimiendo a las comunidades mapuche Kinxikew y Melo”.

Francisco Astoul Bonorino, juez civil de Villa La Angostura.

Argumentaron que cuando el juez concursó para el cargo que hoy ocupa, le preguntaron cuál iba a ser su relación con el pueblo mapuche y respondió que iba a estar basada en el “respeto a lo que indica la Constitución y promoviendo el diálogo como herramienta de solución, pero al mes de haber asumido el cargo, resolvió un litigio histórico con el método más violento que tenía en sus manos, que es el desalojo por el uso de la fuerza”.

Y agregaron: “Allí prevaleció su condición de clase por pertenecer a una conocida familia que posee una empresa inmobiliaria: ‘Astoul Bonorino Propiedades S. A.’. De manera urgente y violenta, decidió que nosotros deberíamos retirarnos de nuestras tierras para favorecer a una familia de origen belga, llegada hace pocas décadas a nuestro lugar. Nada le importó nuestra historia, nuestra presencia inmemorial y nuestra presencia comunitaria, que sin territorio no existe”.

El lugar está ubicado a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura.

Piden al gobernador Omar Gutiérrez que “no ponga a disposición de un juez represor y racista a la Policía de Neuquén como fuerza represora, porque no es la fuerza la manera de resolver este conflicto”. Llaman a cumplir con la Ley 26160 de Relevamiento Territorial, “que desde hace 15 años esperamos se aplique. El juez conoce esta ley pero ha decidido violarla, imponiendo su condición de clase”.

“Estamos a favor de la paz social basada en nuestros derechos territoriales afirmados en este preciso lugar, que nuestros abuelos nos legaron y nosotros le dejamos a nuestros nietos”, cierra el comunicado.