Francisco Sánchez ratificó sus dichos, pero frenó el proyecto que impulsaba la pena de muerte

A una semana del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional por Neuquén del bloque de Juntos Por el Cambio (JxC), Francisco Sánchez, respaldó el proyecto que pedía la pena de muerte, aunque anunció que desistirá de continuar con este.  

El legislador nacional exigió hace unas semanas que se le ordenara la pena de muerte a la vicepresidenta tras conocerse su posible pena por la causa Vialidad. Las declaraciones de Francisco Sánchez fueron repudiadas por varios congresistas y hasta se emitieron proyectos para expulsarlo del cuerpo legislativo.

Tras el intento de magnicidio del pasado jueves, Francisco Sánchez mantuvo su pedido y argumentó que el año pasado había presentado un proyecto de ley para que a los delitos más aberrantes y a los delitos de corrupción agravada les correspondiera la pena de muerte.

"Me parece que, independientemente de la visión de cada uno, son cosas que se pueden legislar, se pueden discutir, y si hay un ámbito para hacerlo, es el Congreso de la Nación", indicó el diputado en diálogo con la emisora Radio Colonia AM 550, tras recordar el proyecto que había presentado en 2021.

Posteriormente, mediante una nota dirigida al jefe de la bancada de JxC en el Congreso, Cristián Ritondo, Sánchez aclaró que ratifica su posición respecto a declarar los delitos de corrupción agravada como equiparables a delitos de traición a la Patria, "tal como expreso en el proyecto de mi autoría”.

"En este señalo la necesidad de establecer en la letra del Código Penal su imprescriptibilidad y la imposibilidad de indulto, amnistía o conmutación de pena, todo ello en cumplimiento de la manda del artículo 36, quinto párrafo de la Constitución Nacional", precisó en la nota.

Sánchez indicó que su proyecto no está dirigido a ninguna persona en particular

Al rectificar su iniciativa, el congresista sostuvo que su proyecto fue expuesto como una alternativa de tratamiento y no está dirigido a ninguna persona en particular, sino a todos los casos en los que se pruebe fehacientemente delitos de latrocinio.

“Esta posibilidad se encuadra en lo que puede y debe considerar cualquier legislador, tal como, por ejemplo, también lo ha considerado la Vicepresidente de la Nación al plantear una modificación al status autonómico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, idea inconstitucional que requiere de una modificación de la carta magna", concluyó.