Estafa con planes sociales: embargaron casas, vehículos y cuentas bancarias de los imputados

La Justicia dictó inhibiciones generales sobre 30 bienes y 6 sobre propiedades inmuebles, que incluyen una chacra y 5 casas, así como embargos de 26 vehículos, 63 cuentas bancarias, 17 billeteras virtuales y una cuenta comitente, todos correspondientes a personas imputadas en la causa por la estafa con planes sociales realizada desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Según lo informado este lunes por el fiscal del caso, Juan Narváez; y el fiscal jefe, Pablo Vignaroli, se trata de prórrogas de medidas cautelares que estaban vigentes y de ampliaciones, con el fin de proteger los bienes que, ante una eventual condena, permitan resarcir parte del perjuicio generado por la estafa.

Se supo que el pedido de la Fiscalía abarcaba un total de 84 cuentas, pero la jueza que intervino aclaró que no podían incluirse las que se utilizan para percibir haberes, por lo que 21 de esas cuentas quedaron fuera de los embargos.

Hasta ahora, el perjuicio a las cuentas públicas asciende a $153.377.900. La investigación fue prorrogada por 8 meses para analizar toda la información disponible y determinar el monto final.

Los imputados son un grupo de exfuncionarios y empleados del Poder Ejecutivo a quienes se les acusa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.

La mayor responsabilidad recae sobre los “jefes”: Ricardo Soiza, exdirector general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. Recientemente, la Fiscalía amplió la acusación inicial y sumó en el mismo rol al exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; y el excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.

A ellos se suman otros 26 imputados entre particulares, empleados del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda, con distintos niveles de participación en la maniobra.