Estafa con planes sociales
La Justicia de Neuquén ratificó los embargos en la causa por estafas con planes sociales
La resolución rechaza un planteo de las defensas que pretendía liberar de la medida a propiedades, inmuebles, autos, cuentas bancarias y billeteras virtuales. La investigación señala que el perjuicio contra las cuentas públicas de la provincia, hasta el momento, alcanza a $153.377.900.
Un tribunal de revisión de la Justicia de Neuquén ratificó los embargos e inhibiciones de bienes que solicitó la Fiscalía de Delitos Económicos, con el objetivo de proteger los activos, ante “un eventual resarcimiento a las cuentas públicas de la provincia”. La medida fue tomada ayer, tras un nuevo pedido del fiscal del caso Juan Narváez.
En sus planteos, las defensas intentaron hacer caer las medidas que pesan sobre propiedades inmuebles, automóviles, cuentas bancarias y billeteras virtuales, lo cual quedó descartado con la resolución en la que el tribunal ratificó por 8 meses la vigencia de las 30 inhibiciones generales de bienes y otras 6 sobre propiedades inmuebles, compuestas por una chacra y 5 casas y los embargos sobre 26 vehículos, 63 cuentas bancarias, 17 billeteras virtuales y una cuenta comitente.
La cautelar original, que fue dictada por la jueza de garantías, Carina Álvarez, el 28 de noviembre, en respuesta a la solicitud de Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli dejó afuera del alcance de los embargos, a las cuentas bancarias que se utilizan para percibir haberes. La investigación develó que, hasta el momento, el perjuicio contra las cuentas públicas de la provincia alcanza a 153.377.900 pesos, aunque desde la Justicia se encargaron de aclarar que “aún resta analizar información para precisar el monto”.
En su teoría del caso, la Fiscalía apunta a un grupo de exfuncionarios y empleados del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa formar parte de una asociación ilícita dedicada a “estafar a la administración pública y del cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito”. En la imputación, atribuye distintos grados de responsabilidad y señala como jefes a Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Ariel Osuna, que ocupaban diferentes cargos en el gobierno. También, asignó el rol de jefes a Abel Di Luca y Tomás Siengentharler, funcionarios de mayor rango en el organigrama.
También señala e imputa a otras 26 personas, entre particulares y empleados del ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda, a quienes les asigna diferentes niveles de participación en la maniobra. A todos les cabe la acusación por el delito de asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito, en 9.303 hechos.
