San Martin de los Andes

El Municipio deberá conseguirle una vivienda al acusado de abusar de una menor

El sujeto residía en Chacra 28. Estará 15 días en una comisaría y luego deben darle una casa.
jueves, 23 de marzo de 2023 · 14:36

El juez de Garantías de San Martín de los Andes, Maximiliano Bagnat, resolvió que el sujeto mayor de edad acusado de abusar de una menor de 8 años permanezca 15 días alojado en una comisaría de la ciudad y luego sea trasladado a una vivienda para continuar con el cumplimiento del plazo de prisión preventiva oportunamente fijado.

El imputado por el ataque sexual a la niña de 8 años de barrio Chacra 28 no tiene recursos económicos para solventar el acceso a una vivienda. El magistrado estableció que el Municipio, a través del área de Desarrollo Social, junto al abogado defensor del acusado deben conseguirle un lugar donde alojarse.

Hubo protestas contra el acusado en Chacra 28. Fuente: (RSM9).

Esta semana hubo mucho movimiento en la causa contra el acusado. El Tribunal de Revisión integrado por Bibiana Ojeda, Juan Pablo Balderrama y Carolina González dispuso cuatro meses de preventiva domiciliaria, ya que el sujeto no era aceptado en ningún centro de detención provincial. 

El Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó el miércoles la impugnación a la medida del Tribunal y el juez de Garantías Bagnat hizo lugar en parte a los planteos. Ordenó que permanezca 15 días en una comisaría, pasados estos deberá recibir una vivienda para completar la medida cautelar. 

Juez de Garantías Maximiliano Bagnat. Fuente: (Poder Judicial).

También, se determinó que tenga el tratamiento médico acorde a su patología. Se debe ver "de manera urgente que se le garantice al imputado el derecho a la salud, proveyéndole los medicamentos necesarios para tratar su infección al HIV", dijo el magistrado.

 

El repudio de los vecinos y vecinas de Chacra 28

Cuando se conoció la decisión del Tribunal de Revisión, los vecinos de Chacra 28 emitieron un comunicado para repudiar lo decidido por los tres jueces. En este explicaron que "es impensable que el imputado goce de arresto en la comodidad de su casa y la víctima comience todo un peregrinaje sanitario, judicial, educacional y, sobre todo, “público".