Elecciones 2023
La Izquierda criticó al Gobierno nacional y al provincial por no reactivar la PIAP
Desde el Frente de Izquierda aseguraron que los funcionarios nacionales y provinciales generaron expectativas con la reactivación de la planta durante años y no cumplieron.La candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda en la lista 674, Patricia Jure, criticó al Gobierno nacional y al provincial por generar expectativas en los trabajadores con la reactivación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP).
“Estuve en la planta de agua pesada y me reuní con su personal”, señaló la candidata y agregó: “Es un gigante que ningún gobierno tiene interés en despertar, ya que no están dispuestos a poner los recursos que se necesitan”.
Para Jure el dinero tendría que salir “de lo que los Fernández-Massa y los Gutiérrez-Koopmann destinan al pago del pacto con el FMI“. Según indicó la referente, los recursos se utilizan para financiar “los dólares de los terratenientes y para la fuga de capitales de los bancos”.
“No existen razones tecnológicas insuperables para reactivar la planta. Solo la orientación capitalista que se traduce en un proceso de desindustrialización en el país y en la provincia”, aseveró la candidata.
La referente de Izquierda explicó que la PIAP es administrada por una sociedad entre el Estado nacional y el provincial que aseguran “dirigir economías exitosas” mientras la planta sigue parada.
“Desde los anuncios del gobernador de Neuquén con la presidenta de CNEA el año pasado, no se ha avanzado un milímetro”, afirmó Jure e indicó: “Sí abundó la demagogia electoral y el manoseo del legítimo reclamo de sus trabajadoras y trabajadores”.
La candidata detalló que la producción de la PIAP se podría destinar a fomentar la producción agrícola de campesinos y pequeños productores que “están cautivos y son esquilmados por los monopolios importadores, como Profértil, Bunge, Syngenta y otros”.
La propuesta de la Izquierda
La candidata del Frente de Izquierda, Patricia Jure, propuso que para reactivar la PIAP los dos insumos, que son la electricidad y el gas, sean solventados por el Estado nacional y el provincial, y que “se deduzcan de los subsidios que uno y otro Estado le otorga a las petroleras y plantas de electricidad, bajando en una gran proporción esos costos”.